Alonso Ancira intenta anular acuerdo millonario por planta chatarra vendida a Pemex

Tras una serie de maniobras jurídicas, Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA), intenta evadir su responsabilidad en la venta fraudulenta de una planta obsoleta a Pemex, en un caso salpicado por acusaciones de corrupción. La transacción de la fábrica Agronitrogenados, inoperante durante 14 años, causó un perjuicio patrimonial de 216 millones de dólares al Estado mexicano. Documentación exclusiva revela el deterioro de las instalaciones al momento de la compra.

La trama se complica: meses antes de asumir como director de Pemex en 2012, Emilio Lozoya recibió un depósito de 3.5 millones de dólares de Ancira. Un año después, ya en el cargo, autorizó la adquisición de la planta inservible. ¿Coincidencia o pacto oculto?

En un movimiento audaz, Ancira solicitó a la justicia federal anular su proceso penal por lavado de capitales —vinculado al caso Agronitrogenados— y cancelar el acuerdo reparatorio que lo obligaba a indemnizar a Pemex. Gracias a ese convenio, el empresario abandonó el Reclusorio Norte en abril de 2021. Cumplió parcialmente los pagos (104 millones de dólares), pero en 2023 suspendió el abono de los 112 millones restantes.

Su defensa, liderada por el abogado Gabriel Reyes Orona, alega que la acusación es un “montaje”: asegura que Proagroindustria —compradora de la planta en 2013— no era subsidiaria de Pemex ni usó fondos públicos. Sin embargo, la identidad del supuesto financista privado sigue siendo un misterio. ¿Quién financió realmente la operación?

En enero de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió su reencarcelamiento por incumplimiento, pero el juez concedió una prórroga hasta noviembre. Al vencerse el plazo, Ancira —ciudadano estadounidense radicado en Texas— no pagó, y sorprendentemente, las autoridades desistieron de capturarlo. ¿Por qué Pemex retiró su apoyo a la acción legal? Fuentes cercanas al caso sugieren presiones políticas, aunque los expedientes judiciales guardan silencio.

Este caso expone grietas en el sistema: ¿Cómo permitió Pemex comprar una instalación inútil? ¿Quiénes más están involucrados? Mientras Ancira vive libre en Estados Unidos, las preguntas sobre el destino de los 216 millones siguen sin respuesta.