El coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, ha exigido la apertura de una investigación exhaustiva en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, por su presunta vinculación con el caso de “huachicol fiscal”. Anaya calificó este supuesto esquema de desvío de recursos como el mayor escándalo de corrupción en la historia moderna de México, superando con creces casos anteriores notorios por su magnitud.
La denuncia, que involucra a mandos y personal de la Marina Armada de México, alega la participación de servidores públicos en una red de operaciones ilícitas con combustibles. La premisa central del llamado “huachicol fiscal” es el presunto robo de combustibles a través de un complejo mecanismo de evasión fiscal y contrabando, desfalco que, según las estimaciones citadas por el legislador, ascendería a la astronómica cifra de más de 170 mil millones de pesos.
Anaya contextualizó la gravedad de esta cantidad al compararla con otros grandes escándalos de corrupción. Mencionó que el caso Segalmex implicó alrededor de 15 mil millones de pesos, mientras que la “Estafa Maestra”, durante la administración de Enrique Peña Nieto, se calculó en aproximadamente 7 mil millones. Esto situaría el monto del presunto huachicol fiscal en una dimensión completamente distinta, siendo veinte veces mayor que Segalmex y cuarenta veces superior a la Estafa Maestra, lo que lo perfila como un fraude sin precedentes contra las finanzas públicas del país.
El senador enfatizó que su exigencia principal es que la investigación se realice a fondo y sin ningún tipo de cortapisas, independientemente del nivel jerárquico de los funcionarios implicados. Subrayó su desacuerdo con otorgar exoneraciones anticipadas mientras la indagatoria no haya concluido, recalcando que la justicia debe aplicarse con todo el rigor de la ley. “Que caiga quien tenga que caer”, afirmó, argumentando que la credibilidad de las instituciones y el principio de rendición de cuentas están en juego.
Anaya también se refirió directamente a las declaraciones del expresidente López Obrador, quien durante su mandato aseguró en repetidas ocasiones que la corrupción a gran escala siempre contaba con la anuencia del presidente en turno. Partiendo de esa afirmación, el coordinador panista consideró indispensable esclarecer si el exmandatario estaba al tanto o incluso aprobó las operaciones ahora bajo investigación. Cuestionó la narrativa oficial del sexenio anterior que proclamaba la erradicación de la corrupción, simbolizada con el acto del “pañuelo blanco”, y señaló que los hechos parecen demostrar que las irregularidades, lejos de desaparecer, alcanzaron niveles superiores.
Otro aspecto crucial que Anaya pidió investigar y transparentar es el origen mismo de la pesquisa. Mencionó que existen versiones serias que sugieren que el caso se destapó inicialmente en Estados Unidos, donde se habrían detectado las operaciones de compra de combustibles de origen ilegal. De acuerdo con estas versiones, habría sido el gobierno estadounidense el que, tras identificar estas actividades, presionó para que se abriera la investigación formal en México. Esta hipótesis, según Anaya, explicaría por qué una denuncia que supuestamente existía desde hace dos años no fue atendida de inmediato y solo ahora cobra relevancia.
Finalmente, el legislador insistió en que este caso trasciende lo meramente penal o financiero, pues compromete los cimientos de la lucha contra la corrupción y la confianza ciudadana en el gobierno. Reiteró que la pesquisa debe avanzar con total transparencia y sin protección alguna para los implicados, sin importar su cargo o filiación política, para sentar un precedente claro de que la impunidad no tiene cabida en México.
