El proceso legislativo para modificar el mecanismo de revocación de mandato en México ha encontrado un freno deliberativo. Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, anunció la solicitud formal para posponer la dictaminación de la reforma constitucional, originalmente agendada para las 18:00 horas de un lunes.
Esta decisión no surge de manera espontánea, sino como respuesta directa a las peticiones de los coordinadores parlamentarios del PRI y del PAN, Rubén Moreira y Elías Lixa, respectivamente. Los representantes de la oposición argumentaron la necesidad de ampliar el debate y evitar lo que calificaron como un “albazo” legislativo, es decir, una aprobación precipitada que limitara el escrutinio necesario para un tema de tal envergadura.
Monreal Ávila explicó en conferencia de prensa que ha mantenido comunicaciones constantes con los distintos coordinadores desde el jueves previo, recibiendo la solicitud unánime de no precipitar el trámite. Subrayó que, si bien confía en la solidez de la propuesta, la “razón histórica, moral y política” aconseja otorgar un espacio para una deliberación más exhaustiva.
El líder parlamentario se comprometió a trasladar esta petición al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Leonel Godoy, dejando en manos de los integrantes de dicha comisión la determinación del plazo y el formato para ampliar la discusión.
Esto podría incluir, potencialmente, la realización de un proceso de parlamento abierto, modalidad que Monreal afirmó respetar dada la autonomía de la comisión. La iniciativa en cuestión, presentada la semana anterior por el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, busca una modificación sustancial al artículo 35 de la Constitución.
Su propuesta central es que la consulta de revocación de mandato presidencial se realice de manera concurrente con las elecciones intermedias de 2027, programadas para el primer domingo de junio. Este cambio de fecha representa un elemento crítico en el debate, ya que altera la naturaleza y el costo del proceso, integrando la consulta en el ciclo electoral regular.
La oposición ha manifestado su desacuerdo con esta propuesta, considerando que merece un análisis pormenorizado de sus implicaciones políticas y presupuestarias. Desde la bancada del PAN, Elías Lixa celebró abiertamente la postergación, fundamentándola no solo en una estrategia política, sino en un estricto apego al reglamento interno.
Lixa señaló que la convocatoria a la comisión se realizó fuera de los plazos legales establecidos, los cuales exigen la circulación de los dictámenes con al menos cinco días de anticipación, un requisito que no se cumplió en esta ocasión.
El coordinador panista enfatizó que una reforma constitucional de esta naturaleza debe ser examinada “con toda la profundidad necesaria”, permitiendo a todos los grupos parlamentarios realizar sus aportaciones. Para Lixa, respetar los procedimientos es esencial, más aún cuando la reforma impacta directamente en los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Este aplazamiento refleja una dinámica parlamentaria donde la negociación y el tiempo son recursos estratégicos. La pausa impuesta no es meramente procedural; es un espacio ganado para la construcción de consensos o, en su defecto, para la consolidación de argumentos en contra.
El PAN ya ha anunciado que trabaja en propuestas concretas para modificar el dictamen original, aunque los detalles se mantendrán en reserva hasta que se reanude el proceso formal de discusión. El desarrollo de los próximos días será crucial para determinar si la reforma avanza con modificaciones significativas o si se convierte en un punto de fricción permanente entre la mayoría oficialista y las fuerzas opositoras.
La postergación, por tanto, no es el final del debate, sino el inicio de una fase de intensa actividad política tras bambalinas, donde cada grupo buscará inclinar la balanza a su favor.
