La Cámara de Diputados aprobó la reforma que reducirá la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales, en una de las modificaciones más relevantes en materia laboral de los últimos años.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalada sin cambios y turnada a los congresos estatales para su validación, como parte del proceso legislativo previo a su eventual promulgación.
El dictamen obtuvo un amplio respaldo en el pleno: 469 votos a favor en lo general y 411 en lo particular, sin abstenciones, lo que permitió avanzar en la aprobación de los artículos no reservados.
Aplicación gradual hasta 2030
De acuerdo con el decreto, la nueva jornada laboral será de 40 horas semanales, garantizando al menos un día de descanso por cada seis trabajados. Sin embargo, su implementación será progresiva.
Durante 2026 se mantendrá el esquema actual de 48 horas semanales, y la reducción se aplicará de manera gradual hasta alcanzar las 40 horas en 2030.
La reforma también establece reglas claras para el pago de horas extraordinarias: se cubrirán al doble hasta un máximo de 12 horas semanales; si se supera ese límite, deberán pagarse al triple. Asimismo, se garantiza que la disminución de horas no implicará reducción de salarios ni de prestaciones laborales.
Críticas de la oposición
Legisladores de oposición manifestaron reservas al dictamen, principalmente porque no contempla dos días de descanso obligatorio, manteniendo esquemas laborales de seis días de trabajo por uno de descanso.
El diputado priista Rubén Moreira advirtió que el modelo permitirá “explotación en seis días”, mientras que otros legisladores señalaron el riesgo de que se incentive el uso excesivo de horas extra.
También se cuestionó la ausencia de incentivos fiscales o apoyos para empresas y el plazo extendido para la aplicación total de la reforma, al considerar que el periodo hasta 2030 resulta insuficiente para transformar de fondo las condiciones laborales.
Con su aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma avanza en el proceso legislativo y quedará en manos de los congresos locales su validación para que pueda entrar en vigor en los próximos años.
