Guadalupe Urban Ceballos, regidora de Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, fue asesinada a tiros la mañana del jueves 6 de noviembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó el hecho y señaló que personal de la dependencia ya se encontraba en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes, aunque aún no se tienen detalles precisos sobre las circunstancias del crimen.
De acuerdo con información de medios locales, la funcionaria fue atacada con disparos al salir de su domicilio, ubicado en la agencia de San Antonio Ocotlán, perteneciente al municipio de San Juan Cacahuatepec. Testimonios indican que presuntamente se dirigía a un evento oficial cuando ocurrió el ataque, lo que sugiere una planificación por parte de los agresores para interceptarla en un momento de vulnerabilidad.
El gobierno municipal emitió un comunicado donde condenó enérgicamente el homicidio y describió a Urban Ceballos como una “servidora pública comprometida con las causas de su comunidad y con el fortalecimiento de la vida democrática”. El texto subraya que “este cobarde hecho representa una grave afrenta a las instituciones y a los valores que nos rigen como sociedad. No podemos permitir que la violencia pretenda silenciar la voz de quienes trabajan por el bienestar común”.
La administración municipal exigió a las autoridades una investigación transparente que evite la impunidad en este caso. La regidora asesinada era militante del Partido Verde Ecologista de México, lo que sitúa el crimen en el contexto de la violencia política que afecta particularmente a mujeres en cargos públicos. Este asesinato ocurre en la región de la Costa de Oaxaca, que ocupa el tercer lugar en el estado con más registros de muertes violentas de mujeres y niñas.
Según datos del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, entre el 1 de enero y el 4 de noviembre de este año se han documentado 13 casos en esta zona. La violencia contra las mujeres en Oaxaca muestra patrones alarmantes que trascienden este caso específico. Recientemente se registró el asesinato de una maestra del Colegio de Bachilleres de Putla Villa y la muerte de una mujer bajo custodia de la policía municipal de Salina Cruz. Estas muertes forman parte de un panorama más amplio de inseguridad: entre enero y septiembre de este año, en la entidad se cometieron 654 homicidios dolosos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El asesinato de Guadalupe Urban refleja la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en la vida pública mexicana, particularmente en regiones con alta incidencia delictiva y presencia de grupos criminales. Los ataques contra funcionarias locales no solo representan una pérdida humana irreparable, sino que constituyen un ataque directo a la democracia y a la participación política de las mujeres. La falta de resultados en investigaciones de casos similares crea un ciclo de impunidad que normaliza la violencia de género en el ámbito político.
La situación exige no solo la resolución de este caso particular, sino también la implementación de políticas integrales de protección a mujeres en cargos públicos y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia. La creciente violencia contra mujeres servidoras públicas amenaza los cimientos del sistema democrático al disuadir la participación femenina en espacios de toma de decisiones, perpetuando así desigualdades estructurales y limitando la representación efectiva de las mujeres en la vida política del país.
