Un Crimen que Desnuda la Fractura del Sistema
El asesinato de Gabriela Mejía Martínez, exalcaldesa y regidora en funciones del municipio de Cuauhtémoc, Colima, no es un hecho aislado. Es el síntoma de un ecosistema de violencia que ha mutado, dirigiendo sus ataques contra el corazón mismo de la democracia local: sus servidores públicos. Este homicidio, ejecutado a plena luz del día, cuestiona radicalmente la eficacia de los protocolos de seguridad y evidencia una audacia criminal que opera con impunidad.
Gabriela Mejía Martínez, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, durante el periodo 2021-2024.
La tarde de este martes, en la colonia El Cariño, la violencia alcanzó a la funcionaria. Mientras se desplazaba en su automóvil, fue interceptada y atacada por sujetos armados que viajaban en otro vehículo. La agresión, precisa y letal, terminó con su vida en el sitio. Un acompañante, quien se presume era su hermano, resultó herido y fue trasladado de urgencia para recibir atención médica.
¿Investigación o Simulación? La Respuesta Institucional ante la Prueba
La Fiscalía del Estado ha anunciado la apertura de una carpeta de investigación y el despliegue de un operativo integrado por agentes investigadores, Ministerio Público y peritos. Sin embargo, ante la magnitud del desafío, surge una pregunta incómoda: ¿son estas acciones suficientes para enfrentar a una maquinaria criminal que parece actuar con inteligencia operativa? La promesa de “trabajo coordinado” con instituciones federales y estatales es un mantra que, en el contexto actual, exige resultados tangibles y no solo declaraciones.
La gobernadora Indira Vizcaíno Silva manifestó su repudio y exigió el esclarecimiento de los hechos. “Las y los colimenses rechazamos la violencia; debemos mantenernos unidas y unidos ante quienes buscan arrebatarnos la tranquilidad”, declaró. No obstante, estas palabras chocan con una realidad donde la tranquilidad ya ha sido arrebatada. La demanda ciudadana va más allá de la condena; exige una estrategia de seguridad reestructurada, una inteligencia policial proactiva y un combate frontal a los grupos de la delincuencia organizada que actúan como un poder de facto.
Este crimen debe ser un punto de inflexión. No basta con lamentar; es imperativo reinventar la seguridad. La vida de los servidores públicos no puede ser el costo operativo de gobernar. La pregunta que queda flotando en el aire es disruptiva: ¿Qué pasaría si, en lugar de reaccionar a los crímenes, pudiéramos anticiparlos mediante una arquitectura de seguridad comunitaria y tecnológica que volviera imposible este tipo de ataques?
