Apatzingán, Michoacán.– El empresario y productor de limones Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado este lunes en la comunidad de Los Tepetates, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).
El cuerpo del agricultor fue hallado dentro de su vehículo sobre una carretera cercana a la frontera con el Estado de México. Las autoridades informaron que el caso se investiga como homicidio doloso y mantienen abiertas varias líneas de investigación relacionadas con su actividad productiva y sus recientes denuncias por extorsión.
Bravo era una figura reconocida entre los productores de limón del valle y un vocero constante contra las cuotas impuestas por grupos del crimen organizado, que desde hace años controlan buena parte del comercio agrícola en la región. En sus redes sociales, había denunciado amenazas directas y exigido mayor protección para los agricultores.
“Continuaremos solicitando a las autoridades avances en seguridad para que el delito de extorsión al limón termine”, escribió Bravo en su perfil de Facebook a inicios de año, tras el cierre temporal del Tianguis Limonero por presiones criminales.
La semana pasada, el productor había convocado una movilización para exigir al gobierno estatal mejoras en seguridad, créditos, acceso al agua y precios justos para los campesinos de la zona. “Vivimos una crisis profunda que afecta no solo nuestra producción, sino la economía de toda la región”, expresó entonces.
El diputado local Octavio Ocampo, del PRD, lamentó el asesinato y lo describió como “un hombre valiente y comprometido con las causas del campo”, mientras que asociaciones agrícolas de Michoacán exigieron garantías para seguir trabajando sin miedo.
Violencia y control criminal en el campo michoacano
El homicidio de Bernardo Bravo ocurre en medio de una escalada de violencia rural que afecta a productores de limón, aguacate y otros cultivos en la Tierra Caliente michoacana.
Desde 2023, diversos grupos criminales disputan el control de las cosechas, imponiendo cuotas de “protección” a campesinos y comerciantes, además de fijar los precios de venta.
Pese a las reuniones entre productores y autoridades estatales y federales, las extorsiones, secuestros y amenazas continúan, limitando la actividad económica y provocando el desplazamiento de familias enteras.
El asesinato de Bravo se suma a una lista creciente de líderes agrícolas y defensores comunitarios atacados en Michoacán, donde la violencia ligada al control del mercado del limón ha convertido a esta región en uno de los focos más críticos de inseguridad agraria en el país.
