La violencia política alcanzó niveles críticos en Oaxaca con el brutal asesinato de Lilia Gema García Soto, alcaldesa de San Mateo Piñas, y el líder comunitario Eli García Ramírez. El ataque, ejecutado por sujetos armados en motocicleta dentro del palacio municipal, revela una alarmante erosión del Estado de derecho en zonas rurales.
Este crimen, ocurrido el 15 de junio de 2025, no es un incidente aislado sino el síntoma de un sistema fracturado. ¿Cómo es posible que los espacios de gobierno se hayan convertido en zonas de alto riesgo? La respuesta yace en un cóctel explosivo: impunidad estructural, economías ilegales y una geografía que favorece el crimen organizado.
Mientras las autoridades despliegan operativos conjuntos con la SSPC y la Sedena, surge una pregunta incómoda: ¿Bastarán los enfoques tradicionales de seguridad? La innovación en políticas públicas exige soluciones radicales: inteligencia comunitaria, tecnología de vigilancia descentralizada y reformas que ataquen los incentivos económicos de la violencia.
El gobernador Salomón Jara promete justicia, pero el verdadero desafío es transformar el modelo de seguridad. Ejemplos como el sistema de alertas tempranas en Colombia o los tribunales especializados contra el crimen organizado en Italia podrían inspirar soluciones disruptivas. La sangre derramada en San Mateo Piñas debe convertirse en semilla de un nuevo paradigma de gobernanza.
Este crimen no solo arrebató vidas, sino que vulneró la esencia misma de la democracia local. La verdadera justicia llegará cuando las comunidades puedan ejercer el poder sin miedo, cuando los palacios municipales sean fortalezas de esperanza, no campos de batalla.
