La violencia contra la prensa en México ha cobrado otra vida, subrayando una crisis estructural de seguridad e impunidad que persiste a pesar de los mecanismos formales de protección. En la noche del jueves 8 de enero de 2026, el periodista Carlos Castro, director del portal Código Norte Veracruz, fue asesinado a balazos dentro del restaurante familiar TrogueBirria, ubicado en la avenida 20 de Noviembre de la colonia Cazones, en Poza Rica. El ataque, ocurrido alrededor de las 19:00 horas, fue confirmado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la cual acordonó el área, realizó el levantamiento del cuerpo e inició una carpeta de investigación.
Hasta el momento, no se han reportado detenciones. Carlos Castro, de 26 años, se dedicaba a la cobertura de temas de seguridad y hechos de alto impacto en el norte de Veracruz, colaborando con medios como Vanguardia, Noreste, La Opinión de Poza Rica y Enfoque. Su perfil profesional lo situaba en una línea de trabajo de alto riesgo, una condición de la que él era plenamente consciente. De acuerdo con testimonios de colegas y organismos de defensa, el comunicador había denunciado amenazas relacionadas con su labor informativa, lo que en 2024 derivó en que la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas le otorgara medidas de protección específicas. Estas amenazas fueron tan graves que en su momento lo obligaron a salir temporalmente de Poza Rica.
Sin embargo, un dato crucial emerge del análisis de los hechos: según han señalado compañeros del gremio, esas medidas de protección le fueron retiradas meses antes de su asesinato, dejando al descubierto una falla potencialmente mortal en el sistema diseñado para salvaguardar su integridad. Este hecho no es un incidente aislado, sino un episodio más dentro de un patrón alarmante en Veracruz, entidad históricamente catalogada como una de las más peligrosas para ejercer el periodismo en México. Según registros de la propia CEAPP, entre 2005 y 2024 se contabilizan 31 periodistas asesinados y cuatro desaparecidos en el estado. Durante la actual administración estatal, Castro es el segundo periodista asesinado, luego del homicidio de la fotógrafa Avisak Douglas en mayo de 2025 en Juan Rodríguez Clara.
A estos casos se suma la desaparición aún no resuelta de Miguel Ángel Anaya Castillo, de Pánuco, desde abril de 2025, y la detención bajo cargos cuestionados del comunicador Rafael León Segovia, “Lafita León”, en diciembre del mismo año. Este contexto configura un escenario donde la violencia física se combina con el uso del sistema penal como instrumento de intimidación, creando un ambiente hostil que sofoca la libertad de expresión. La respuesta de los organismos especializados ha sido inmediata y contundente. La CEAPP condenó el homicidio y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva que lleve a los responsables ante la justicia, comprometiéndose a brindar atención a la familia y colegas de Castro. Por su parte, el Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra los Periodistas advirtió que contar con medidas de protección no debe significar vulnerabilidad ni un respaldo insuficiente.
Este organismo exigió una investigación que tenga como línea principal la actividad periodística de la víctima y que se revise el cumplimiento y seguimiento de las medidas que le habían sido otorgadas, apuntando directamente a la posible negligencia en la implementación del protocolo de seguridad. A nivel nacional, la magnitud del problema es abrumadora. México se mantiene, según Reporteros Sin Fronteras, como el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, solo detrás de la Franja de Gaza en contextos de conflicto armado abierto. Desde el inicio del siglo XXI, se documentan más de 150 periodistas asesinados y 28 desaparecidos en el país.
Datos del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica indican que, en el actual sexenio federal, al menos 12 periodistas han sido asesinados, registrándose además un aumento en agresiones físicas —muchas perpetradas por funcionarios públicos—, hostigamiento digital y el uso estratégico del derecho penal para silenciar críticas. Las exigencias tras este nuevo crimen son claras y se repiten con una dolorosa familiaridad. Organizaciones y colegas demandan que el caso de Carlos Castro se investigue explícitamente como un crimen contra la libertad de expresión, con una indagatoria exhaustiva, independiente y profesional. Es imperativo revisar los protocolos que llevaron a la retirada de sus medidas de protección y evaluar su efectividad real.
La justicia para su familia y la garantía de seguridad tangible para los periodistas que continúan trabajando en Veracruz y en el resto de México no son meras solicitudes, sino obligaciones del Estado de derecho. La tragedia de Castro deja una lección operativa crucial: los mecanismos de protección no pueden ser trámites burocráticos estáticos, sino sistemas dinámicos y robustos, con evaluaciones de riesgo constantes y recursos adecuados. La seguridad de un periodista amenazado no puede depender únicamente de su propia capacidad para documentar agresiones, denunciar, variar rutinas o solicitar ayuda.
Es una responsabilidad primordial de las autoridades prevenir, proteger de manera efectiva e investigar con determinación para romper el ciclo de impunidad. Mientras esto no ocurra, ejercer el periodismo en México seguirá siendo, como lo demuestra este luctuoso caso, una actividad que se realiza bajo una sombra de riesgo inaceptable, donde incluso las medidas diseñadas para proteger pueden resultar, en la práctica, insuficientes frente a una violencia persistente y organizada.
