El ataque armado, ocurrido en plena vía pública, también dejó herido a su hermano, quien la acompañaba en el vehículo en el momento del atentado. La Fiscalía General del Estado se personó de inmediato en el lugar de los hechos para iniciar las diligencias correspondientes y recabar evidencias que permitan reconstruir las circunstancias del crimen. La dependencia estatal informó que ha iniciado una carpeta de investigación con perspectiva de género, un protocolo que busca garantizar que la investigación considere específicamente la condición de mujer y figura pública de la víctima. A través de un comunicado oficial, la fiscalía destacó que trabaja de manera coordinada con instituciones estatales y federales para esclarecer los hechos y localizar a los responsables materiales e intelectuales del homicidio. Gabriela Mejía se había desempeñado como presidenta municipal de Cuauhtémoc durante el periodo constitucional 2021-2024, una gestión caracterizada por el impulso a obras de infraestructura básica y programas sociales dirigidos especialmente a las comunidades rurales del municipio. Su trayectoria política se había forjado dentro del Partido Revolucionario Institucional, donde ocupó la secretaría general del Comité Directivo Municipal entre 2016 y 2019, consolidando su presencia en la estructura partidista local. Antes de incursionar en la política de tiempo completo, Mejía Martínez había desarrollado una carrera en el sector privado como gerente general de una empresa agrícola entre 2019 y 2021, experiencia que le permitió establecer vínculos sólidos con el sector productivo de la región. Este bagaje profesional le granjeó reconocimiento entre los diferentes actores sociales y económicos de Cuauhtémoc, un municipio con importante actividad agroindustrial. En el ámbito electoral, la ex alcaldesa había buscado la reelección a la presidencia municipal por la coalición PRI-PAN en los últimos comicios, manteniendo su presencia en la vida pública a través de su cargo como regidora. Su proyección política había dado un salto cualitativo apenas en junio de 2025, cuando asumió la presidencia estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en Colima, posicionándose como una de las figuras femeninas más visibles y con mayor proyección futura dentro de su partido en la entidad. La noticia del asesinato provocó una inmediata reacción en el espectro político local y nacional. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, condenó enérgicamente el homicidio y exigió a las autoridades actuar con celeridad para que el crimen no quede en la impunidad. En sus declaraciones, Moreno describió a Gaby Mejía como una mujer valiente y entregada a su comunidad, con habilidades notables para la gestión pública y la resolución de problemas “de frente y sin miedo”. A través de sus redes sociales, el líder priista expresó: “Hoy la violencia se ensaña con las mujeres y con quienes luchan por México. Expreso mi más profundo repudio por el cobarde asesinato de Gaby Mejía, nuestra compañera, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima y Presidenta Estatal del ONMPRI”. Estas declaraciones reflejan la gravedad que representa este hecho para la clase política en general, particularmente para las mujeres que ocupan cargos de elección popular o posiciones de liderazgo partidista. El crimen contra Gabriela Mejía se inscribe en un patrón preocupante de violencia contra personas que ocupan o han ocupado cargos públicos en México, especialmente en el nivel municipal. Los ex alcaldeses y funcionarios locales se han convertido en blancos frecuentes de la violencia criminal, ya sea por resistirse a cooptaciones, por políticas de seguridad implementadas durante sus gestiones o simplemente por ocupar posiciones de visibilidad pública. La dimensión de género añade un componente adicional de análisis, considerando el aumento en la participación política de las mujeres en cargos de elección popular y la necesidad de garantizar condiciones de seguridad que permitan el ejercicio pleno de sus funciones sin amenazas a su integridad física. El asesinato de una dirigente con el perfil y la trayectoria de Gaby Mejía representa un mensaje intimidatorio que trasciende el ámbito local y debe ser analizado en el contexto nacional de violencia política contra mujeres. La respuesta de las autoridades de Colima, que han prometido una investigación exhaustiva con perspectiva de género, será observada con atención por organizaciones políticas y de derechos humanos, en un caso que puede establecer precedentes importantes para la protección de mujeres en la vida pública mexicana. La capacidad del Estado para investigar y sancionar este tipo de crímenes se ha convertido en un termómetro para medir la salud de la democracia y el estado de derecho en las regiones más afectadas por la violencia.
