Ataques con drones y extorsión sacuden penal de Veracruz

Un Patrón de Violencia que las Autoridades No Explican

El Centro de Reinserción Social de Tuxpan, Veracruz, se ha convertido en el epicentro de una ola de violencia que las narrativas oficiales se niegan a abordar. ¿Por qué este penal es ahora el blanco de una campaña de ataques con drones? La noche del domingo 17 de agosto, tres artefactos explosivos sobrevolaron los muros de la prisión. Sin embargo, solo uno detonó, causando daños materiales pero, milagrosamente, ninguna víctima mortal entre la población penitenciaria. Este incidente no es aislado; es la repetición de un guion siniestro ejecutado apenas 72 horas antes.

La Conexión que las Autoridades Ignoran

Lo más inquietante no es el ataque en sí, sino el muro de silencio erigido alrededor del hecho. Pese al despliegue de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, ninguna institución ha emitido un comunicado oficial. Esta omisión genera más preguntas que respuestas. ¿A qué intereses obedece este hermetismo? La investigación periodística revela que estos no son actos aleatorios de vandalismo, sino capítulos de una guerra territorial que se libra dentro y fuera de los muros.

Del Motín a las Extorsiones: El Hilo Conductor

Para entender el presente, es crucial revisar el pasado inmediato. El 2 de agosto, un motín al interior del mismo penal dejó un saldo de ocho reos muertos y diez heridos. Fue en ese momento cuando, a través de testimonios en video filtrados, los internos destaparon la cloaca: la operación sistemática de extorsión dirigida por el grupo delictivo conocido como “Mafia Veracruzana”, antes identificado como “Grupo Sombra”. Los presos acusaron, con nombres y apellidos, a funcionarios penitenciarios de ser cómplices, señalando incluso al ya fallecido director del penal, Antonio Huesca, asesinado en junio pasado.

La Estructura Criminal al Descubierto

Los testimonios son estremecedores. Los reclusos detallaron un esquema de cobro de “derecho de piso” que oscila entre los 5,000 y los 200,000 pesos, dependiendo de la situación económica del interno y su familia. Esta estructura delictiva no se limita al interior de la prisión. Su brazo se extiende a las calles de la región norte de Veracruz, donde la narcoviolencia se cobró recientemente la vida de la taxista Irma Hernández, en Álamo Temapache, por negarse a pagar la extorsión. El asesinato de René Vergara, director del penal de Amatlán de los Reyes, el 14 de agosto, completa un panorama de una guerra por el control que está costando vidas a ambos lados de las rejas.

La Revelación Final: Una Guerra por el Control

La conclusión a la que conduce esta investigación es ineludible. Los ataques con drones no son simples actos de intimidación; son mensajes claros en una lucha por el control del penal y sus lucrativas redes de extorsión. El silencio de las autoridades sugiere, en el mejor de los casos, una incapacidad alarmante o, en el peor, una complicidad que alimenta el ciclo de violencia. La verdad oculta es que el penal de Tuxpan es un microcosmos de la crisis de seguridad nacional: un territorio disputado donde el Estado ha perdido, o ha cedido, su autoridad.