La investigación judicial por la trágica muerte de los fotoperiodistas Miguel Hernández y Berenice Giles, quienes perdieron la vida al ser aplastados por una grúa durante el Festival Axe Ceremonia el pasado 5 de abril, enfrenta un nuevo giro procesal. Un juez de control de los juzgados orales del Poder Judicial de la Ciudad de México ha decidido diferir la audiencia inicial, programándola ahora para el 16 de octubre. ¿Qué motivos hay detrás de este retraso en un caso que involucra a 11 acusados, tanto personas físicas como morales?
Mientras el calendario judicial se ajusta, emerge una fractura evidente entre las estrategias legales de las familias afectadas. La representación de la familia Giles avanza con determinación hacia una audiencia de omisiones, ya agendada para el 29 de septiembre. Su objetivo es claro y contundente: buscar la imputación formal de las empresas OCESA y Seguridad Privada Lobos, alegando una responsabilidad directa en la fatal negligencia que culminó en el deceso de su hija. Su postura es firme: ven una cadena de fallos institucionales que no pueden quedar impunes.
Sin embargo, fuera de los juzgados de la colonia Doctores, el abogado de la familia de Miguel Hernández, Edwin Piñón, proyecta un escepticismo revelador. Tras un exhaustivo análisis de la evidencia, su conclusión es diametralmente opuesta: “Al menos de la información que nosotros hemos analizado, que es bastante, no se deriva que haya alguna responsabilidad [por parte de OCESA]”. Esta discrepancia fundamental entre las defensas plantea una pregunta incómoda: ¿Están las familias recibiendo narrativas contradictorias sobre el mismo suceso?
El proceso penal sigue su curso, sustentado en la acusación del delito de homicidio culposo contra tres empresas y ocho individuos. Pero más allá de los cargos, este caso se está convirtiendo en un examen crucial sobre los protocolos de seguridad en los macroeventos masivos y la elusiva rendición de cuentas corporativa. La próxima audiencia en octubre promete no solo ser un paso procedural, sino un momento decisivo para develar hasta dónde llega realmente la cadena de responsabilidades en una tragedia que pudo, y debió, ser evitada.
