Auditoría detecta desvío de 272 millones en extinto Consejo Judicial
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) desveló un desfalco fiscal de más de 272 millones de pesos cometido por el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en un escándalo de transparencia y rendición de cuentas que evidencia graves fallas en la gestión de recursos públicos.
El informe de fiscalización Cumplimiento Forense 2024-0-03110-23-0108-2025 documenta que la institución judicial reportó desembolsos por conceptos de seguridad, vigilancia, mantenimiento y servicios de impresión, sin presentar la documentación comprobatoria que acredite la ejecución real de estos servicios.
Hallazgos críticos en la fiscalización
La investigación reveló un contrato de 431,900 pesos con Profesionales en Comidas Industriales, S.A. de C.V. para el servicio de comedor en la administración regional de Toluca, a pesar de que el servicio permaneció suspendido durante septiembre y octubre de 2024, sin que se procediera a la rescisión contractual.
De manera paralela, se identificaron transferencias por 21.4 millones de pesos a tres empresas de seguridad privada –Seguridad Privada Integral Macotela, Servicios Integrales Pesados y Sedegral Seguridad Privada– sin que existiera evidencia documental que validara la prestación efectiva de los servicios contratados.
El análisis detectó además un desembolso de 92.8 millones de pesos a Distri Copy, S.A. de C.V. por servicios de impresión, digitalización y copiado, con inconsistencias graves en los reportes de consumo y falta de registro en el sistema MICAS.
La auditoría también expuso un pago de 9.9 millones de pesos a Inmobiliaria DNI, S.A. de C.V. por mantenimiento de áreas comunes en la Torre AFIRME de Monterrey, sin soporte documental que acreditara la ejecución del servicio.
Completa este cuadro de irregularidades un desembolso de 39.4 millones de pesos a Eos Limpieza, S. de R.L. de C.V. carente de documentación que validara la prestación del servicio de limpieza conforme al contrato CON/DGRM/DCS/104/2023.
Impacto y consecuencias legales
El informe cuantifica el perjuicio total en 21.4 millones sin comprobación de servicios de seguridad, 49.4 millones sin documentación de mantenimiento y limpieza, y 201 millones sin respaldo de servicios tecnológicos y de impresión.
Como resultado, la ASF emitió 34 observaciones, incluyendo 11 recomendaciones y 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, marcando un precedente crítico en la supervisión del gasto público y la rendición de cuentas en instituciones judiciales.
