En un alarde de previsión que solo puede catalogarse de revolucionario, el augusto Banco de México ha decidido, con la urgencia característica de un glaciar en movimiento, someter a escrutinio público un monumental compendio de normas destinadas a fortificar los muros digitales del reino financiero. La idea, tan novedosa como intentar inventar la rueda en la era de los hyperloops, es pedirle a los mismísimos guardianes del oro —los bancos— su opinión sobre cómo deberían protegerlo de los piratas cibernéticos.
Uno de los procesos más cruciales en esta epopeya regulatoria consiste en dilucidar, con la precisión de un concilio de sabios, las disposiciones sobre cómo los paladines de la banca comercial deben entregar sus rollos de información al gran templo de Banxico. Nada asegura la seguridad como un buen papeleo, preferiblemente en triplicado.
El decálogo tecnológico para una fortaleza inexpugnable (o al menos con protocolo)
Se exigirá a las instituciones crediticias que, además de contar con montañas de oro, dispongan de políticas, lineamientos y procedimientos alineados con los sagrados Requerimientos Tecnológicos y el infalible Manual de Tecnologías de la Información. Este venerable texto, equivalente digital a los edictos romanos, incluirá conjuros para la detección y gestión de incidentes, no solo en sus propias máquinas de calcular, sino también en las de cualquier siervo o vasallo (tercero, en la jerga plebeya) cuya incompetencia pueda afectar el sagrado sistema de acopio, conocido por los iniciados como SAIF.
Todo este plan maestro de consulta, que se extenderá con generosidad desde el ocaso del año hasta bien entrado el siguiente, tiene el loable objetivo de fortalecer la gestión de la información. Porque, como bien sabe cualquier burócrata, la mejor defensa contra un ataque relámpago es una comisión de estudio que emita dictámenes.
La burocracia como escudo último contra la anarquía digital
La visión es establecer un marco normativo tan estandarizado y robusto que la mera lectura de sus cláusulas repele a los hackers. Se incorporarán elementos para salvaguardar la seguridad de la información, alineándose así con los esfuerzos del Banco Central por proteger la integridad de los datos en un mundo donde las amenazas evolucionan a la velocidad de la luz, mientras los manuales lo hacen a la velocidad de la tinta y el sello oficial.
Cada banco deberá nombrar a un oficial de cumplimiento, un héroe administrativo que actuará como representante calificado y responsable de suministrar la información y de implementar el susodicho manual. Podrá, en un alarde de eficiencia, designar a un batallón de operadores, representantes y administradores, o simplemente cargar toda la responsabilidad sobre las cansadas espaldas de un único empleado multifuncional, preferiblemente uno que también sepa arreglar la fotocopiadora.
Se concede la magnánima opción de emplear controles alternos, previa solicitud de autorización al gran órgano rector. Por supuesto, deberán contar con planes de continuidad operativa tan detallados que permitan, incluso en medio del apocalipsis cibernético, seguir entregando los formularios requeridos en el formato y plazo estipulados.
Finalmente, y esto es lo más avanzado, se insta al uso de protocolos seguros de comunicación y herramientas tecnológicas para detectar virus y códigos maliciosos. Es una lástima que el manual no pueda incluir también un hechizo para que los delincuentes digitales esperen pacientemente a que termine el periodo de consulta pública antes de lanzar su próximo ataque.
