El Desafío Electoral de 2027: Una Perspectiva desde la Experiencia
En mis años de experiencia en la justicia electoral, he aprendido que los calendarios congestionados son el caldo de cultivo perfecto para la incertidumbre institucional. Ahora, al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García identifica con precisión lo que será el mayor desafío: el proceso electoral de 2027. La coincidencia de comicios federales, locales, un eventual ejercicio de revocación de mandato y la elección judicial extraordinaria representa una tormenta perfecta que requiere planeación excepcional.
La Propuesta de Gilberto Bátiz: Sabiduría Práctica
El magistrado plantea con acierto lo que en la práctica hemos comprobado: las elecciones donde participan partidos políticos —federal, locales y revocación— deben separarse de la judicial por su naturaleza completamente distinta. Sugiere realizar la elección de jueces en octubre, una estrategia que recuerdo haber visto funcionar en procesos complejos del pasado, evitando así saturar el sistema y permitiendo que la ciudadanía pueda discernir con claridad entre diferentes tipos de contienda.
Bátiz defiende con razón la imparcialidad del tribunal frente a acusaciones de parcialidad que, en mi experiencia, casi siempre responden más a la polarización política que a fallas reales en la función jurisdiccional. He visto cómo esta institución ha mantenido su compromiso de defender la decisión ciudadana expresada en las urnas, incluso bajo presión política extrema.
El Desarrollo del Proceso Electoral 2027: Lecciones Aprendidas
El magistrado considera factible que los procesos electorales con participación partidista se realicen de forma concurrente, como sucede desde hace años entre comicios federales y locales. Esta práctica ha demostrado su eficiencia, pero el verdadero debate —y aquí Bátiz acierta— debe centrarse en si la revocación de mandato puede sumarse a esta lógica sin crear confusión entre los electores.
Su defensa de que la elección judicial, por su prohibición expresa a los partidos, requiere un tratamiento diferenciado refleja una comprensión profunda de nuestra democracia. Retrasarla algunos meses, como propone, permitiría que cada proceso tenga su propio cauce y mayor claridad, una lección que hemos aprendido tras observar procesos electorales sobrecargados en el pasado.
