Paralización logística en la era de las cadenas de suministro hiperconectadas
Una alianza estratégica entre organizaciones del sector agroalimentario y operadores logísticos desplegó este lunes un operativo de interrupción coordinada en los principales nodos de conectividad del país. Esta movilización de alto impacto responde a exigencias estructurales: equidad en los precios de los commodities, implementación de protocolos de ciberseguridad física en corredores terrestres y soluciones efectivas contra el cobro de derechos de piso digitalizados que impactan a toda la cadena de valor.
La disrupción sistémica ha generado un efecto dominó en la movilidad multimodal, con severos cuellos de botella en el traslado de mercancías de exportación hacia el corredor comercial con Estados Unidos. El estado de Chihuahua emerge como epicentro de la protesta, con bloqueos inteligentes que abarcan autopistas de peaje, puentes internacionales, centros de verificación fitosanitaria e incluso un tramo crítico de la red ferroviaria.
Mapa de la disrupción: puntos críticos afectados
La geolocalización del conflicto identifica cierres en corredores de alta velocidad como Jiménez–Chihuahua, el puente internacional Lázaro Cárdenas, el centro de inspección de Camargo y la plaza de cobro Villa Ahumada. Sectores clave de la ruta Chihuahua–Juárez presentan restricción total al tránsito mercantil. La interrupción se extiende a los ejes Gómez Palacio–Jiménez, Flores Magón–Galeana y Ascensión–Janos, junto con la ocupación temporal de la línea férrea México–Ciudad Juárez. En la frontera norte, persisten los bloqueos en los cruces de carga Zaragoza–Ysleta y Jerónimo–Santa Teresa.
Posicionamiento institucional frente a la acción colectiva
En vísperas de la movilización, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado al diálogo constructivo y a minimizar impactos colaterales. No obstante, representantes del sector primario advirtieron sobre la posibilidad de escalar hacia “acciones de máxima presión con resonancia nacional” si sus demandas no reciben respuestas concretas. Subrayaron el carácter pacífico de su movimiento, fundamentado en la “saturación del ecosistema de negociación” ante la ineficacia en políticas de seguridad hídrica y protección al productor.
“El ecosistema agroindustrial ha alcanzado su punto de ruptura. Las promesas han agotado su ciclo de vida”, declaró el Movimiento Agrícola Campesino, convocando a una unidad de acción colectiva para frenar lo que denominan extractivismo de recursos y abandono sistémico del sector rural. Los líderes del movimiento aseguraron que su estrategia no busca la confrontación, pero exigieron al ejecutivo federal no subestimar su capacidad de movilización.
Frente a la escalada de interrupciones, la Segob reiteró su disposición al diálogo abierto e instó a las organizaciones a priorizar la mediación institucional. La dependencia federal sostuvo que el canal de interlocución formal constituye la vía idónea para procesar las demandas y co-diseñar soluciones sin afectar a la ciudadanía.
Como parte de esta arquitectura de negociación, la Secretaría de Gobernación convocó a una mesa de trabajo multidisciplinaria con participación de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Economía y equipos técnicos de la dependencia, con el objetivo de destrabar los temas planteados por los productores y transportistas.
