Campeche aprueba polémica reforma expropiatoria y censura periodística

Una jueza en Campeche ha decretado que debe mantenerse la imposición de un interventor judicial que supervise los contenidos del diario digital Tribuna, así como la prohibición al comunicador Jorge Luis González Valdez para emitir cualquier expresión considerada “ofensiva” hacia la gobernadora morenista Layda Sansores. Esta decisión judicial plantea serias dudas sobre el estado de la libertad de prensa y la independencia de los medios en la entidad.

Mientras tanto, en un movimiento legislativo que ha encendido las alarmas, el Congreso de Campeche, con 18 votos a favor y 13 en contra, aprobó una reforma a la Ley de Expropiación y demás Limitaciones al Derecho de Propiedad. Esta iniciativa, propuesta por la Gobernadora Layda Sansores, otorga facultades expansivas a las autoridades locales para ocupar predios privados bajo el ambiguo criterio de “utilidad pública”. ¿Pero qué se esconde realmente detrás de esta urgente necesidad de “modernizar” la ley?

La nueva normativa, promovida bajo el argumento de armonizar la legislación estatal con la federal, contiene disposiciones que, según expertos constitucionalistas y la oposición parlamentaria, no solo no se homologan, sino que vulneran gravemente los derechos de propiedad. Nuestra investigación revela que el texto aprobado reduce drásticamente los plazos de defensa de los ciudadanos, quienes dispondrán de apenas cinco días hábiles para responder a una declaratoria de utilidad pública, un lapso significativamente menor a los 15 días que establece la ley general a nivel federal.

El artículo 5 del dictamen avalado establece: “Los interesados tendrán un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el Periódico Oficial del Estado para manifestar ante la Secretaría de Gobierno lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas que estime pertinentes”. Legisladores opositores han denunciado que esta modificación faculta al Gobierno estatal a tomar posesión de un inmueble de forma inmediata, sin siquiera esperar la resolución final del proceso judicial, un procedimiento que califican como un “atentado contra el patrimonio de los ciudadanos”.

Uno de los aspectos más controvertidos es el método de pago de las indemnizaciones. A diferencia de la normativa federal, que obliga al pazo completo en un plazo máximo de 45 días, la ley campechana permite que la compensación se realice en abonos durante un período de hasta una década. Esto plantea una pregunta incómoda: ¿Se está financiando la obra pública con el patrimonio de los ciudadanos, pagadero a largo plazo y sin su consentimiento?

La conjunción de estos dos eventos –la censura judicial a un medio crítico y la aprobación exprés de una ley expropiatoria– pinta un cuadro preocupante. ¿Existe una conexión entre el silenciamiento de las voces disidentes y la implementación de políticas que afectan directamente los derechos fundamentales? La narrativa oficial habla de modernización y utilidad pública, pero los documentos y los hechos on the ground cuentan una historia diferente: la de un gradual cercenamiento de garantías individuales bajo el pretexto del interés colectivo. La verdadera utilidad pública, quizás, reside en un periodismo libre que pueda cuestionar el poder sin temor a un interventor.