Campeche aprueba polémica reforma para expropiar propiedades

El Congreso de Campeche ha dado luz verde a una reforma legislativa que concede a las autoridades estatales el poder de expropiar o ocupar terrenos y predios de particulares bajo la ambigua figura de ‘utilidad pública’. La iniciativa, impulsada por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, ha desatado una intensa polémica y sembrado dudas sobre sus verdaderos alcances y motivaciones.

¿Qué se esconde detrás de la urgente necesidad de esta ley? Nuestra investigación revela que los propietarios afectados dispondrán de un plazo irrisorio de apenas cinco días hábiles para presentar una defensa legal antes de que sus bienes pasen a manos del gobierno. Este proceso exprés, ¿busca agilizar obras de beneficio colectivo o más bien silenciar cualquier oposición?

Las fuentes consultadas dentro del círculo jurídico local, quienes hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias, expresan su profunda preocupación. Un documento al que tuvimos acceso muestra cómo el amplio margen de interpretación de lo que constituye ‘utilidad pública’ podría abrir la puerta a abusos de poder.

El rumor que recorre los pasillos del poder en Campeche apunta a un objetivo con nombre y apellido: el exgobernador y actual senador Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Se trata acaso de una maniobra política para expropiar múltiples propiedades del líder opositor? Aunque desde el gobierno estatal se niega cualquier intención selectiva, los testimonios de varios funcionarios de medio rango sugieren lo contrario.

Al conectar los puntos, emerge un patrón inquietante. Esta reforma no existe en el vacío; forma parte de una estrategia más amplia que merece escrutinio periodístico. Las implicaciones van más allá de un caso particular y establecen un peligroso precedente para el derecho a la propiedad privada en México.

La conclusión de nuestra investigación es clara: bajo el manto de la utilidad pública, Campeche ha creado un instrumento legal que concentra un poder extraordinario en el ejecutivo estatal, minimizando las garantías procesales de los ciudadanos y abriendo la puerta a posibles arbitrariedades con motivaciones políticas.