El Congreso de la Ciudad de México dio un paso sin precedentes al reformar su Constitución Local para vetar cualquier operación vinculada a dispositivos de vapeo. Esta decisión alinea la legislación capitalina con el Artículo 4° constitucional federal, en un movimiento que prioriza la salud colectiva sobre intereses comerciales.
“Los datos son alarmantes: según el Instituto Nacional de Salud Pública, los adolescentes lideran el consumo de estos dispositivos. No podemos normalizar esta puerta de entrada a la adicción”, declaró Valeria Cruz, diputada morenista, durante la sesión plenaria.
La medida generó divisiones. Patricia Urriza, representante de Movimiento Ciudadano, cuestionó el enfoque prohibitivo: “En lugar de erradicar el mercado, lo empujamos a la clandestinidad. Perdemos la oportunidad de fiscalizar estos productos y recaudar hasta 7 mil millones de pesos anuales”.
La legisladora propuso un modelo alternativo: “La regulación inteligente garantizaría estándares de calidad y trazabilidad. Hoy nadie sabe qué químicos inhalan los jóvenes ante la ausencia de controles”. Su postura refleja el debate global entre prohibición absoluta y políticas de reducción de daños.
Esta decisión coloca a la capital a la vanguardia de las políticas antitabaco en América Latina, aunque expertos advierten sobre el desafío de implementación en un mercado digitalizado donde proliferan las ventas clandestinas vía apps y redes sociales.
