Iniciativa Legislativa para Enfrentar la Sumisión Química en Espacios Públicos
El Grupo Parlamentario del PVEM presentó una propuesta legislativa para imponer sanciones de hasta ocho años de prisión a quienes posean, ofrezcan o distribuyan bebidas dopadas o adulteradas en establecimientos comerciales de la Ciudad de México.
El diputado local Jesús Sesma explicó que esta iniciativa busca fortalecer el tipo penal de administración subrepticia de sustancias, una propuesta original de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que fue aprobada por el Congreso local recientemente.
La propuesta establece que las penas aplicarán independientemente de las correspondientes por la comisión de otros delitos conexos.
“Proponemos establecer una pena diferenciada cuando el acto se cometa en establecimientos mercantiles, incrementando la sanción en dos terceras partes, es decir, hasta ocho años de prisión. Además, buscamos incluir el concurso de delitos, ya que en la mayoría de los casos, la sumisión química es solamente el primer paso para cometer otros crímenes más graves como agresiones sexuales, robos o privación de la libertad”, afirmó el legislador.
Destacó la preocupante realidad que enfrenta la capital, donde cada vez son más frecuentes los testimonios, especialmente de mujeres jóvenes, que pierden la conciencia después de consumir bebidas en bares, restaurantes, antros y otros establecimientos comerciales.
“Posteriormente descubren que fueron víctimas de sumisión química. Lo más grave es que en muchas ocasiones no pueden identificar a sus agresores y los casos quedan en la impunidad. La sumisión química, conocida coloquialmente como ‘canasteo’, es una conducta cobarde y peligrosa que exige una respuesta inmediata en la Ciudad de México”, argumentó.
Sesma señaló que estos no son hechos aislados, ya que entre 2020 y 2025, la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México recibió 280 denuncias sanitarias relacionadas con bebidas dopadas y/o adulteradas vendidas en establecimientos comerciales.
“En el mismo período, la Cofepris registró casi 500 denuncias sanitarias. La Ciudad de México no puede permanecer indiferente. Tenemos la oportunidad de convertirnos en un referente nacional en la protección de la dignidad, la vida y la integridad de las personas. No podemos permitir que niñas, adolescentes, mujeres jóvenes o cualquier otro individuo sean blanco de este tipo de violencia en espacios donde deberían sentirse seguros”, concluyó.
