La Comisión Federal de Electricidad ha emitido una alerta nacional ante el incremento de denuncias por un sofisticado esquema de extorsión que utiliza la identidad institucional de la empresa para defraudar a usuarios. Este modus operandi, detectado principalmente en el Estado de México, Ciudad de México y Baja California, pero con potencial de expansión a todo el territorio nacional, opera mediante dos vías principales que combinan la presencia física con el seguimiento telefónico.
La primera variante involucra a individuos que se presentan en domicilios particulares portando uniformes similares a los del personal autorizado de CFE. Estos impostores argumentan la realización de un “operativo especial” para el cambio de medidores, momento en el cual señalan supuestas irregularidades técnicas o la falta de sellos de seguridad, solicitando posteriormente pagos en efectivo para regularizar la situación.
La segunda modalidad, más elaborada, consiste en la colocación de avisos impresos que simulan notificaciones oficiales, generalmente distribuidos los viernes por la tarde. Estos documentos falsificados establecen plazos perentorios de 12 horas para realizar pagos que oscilan entre 5,000 y 20,000 pesos, bajo la amenaza de suspensión del servicio eléctrico.
La ingeniería social aplicada en este fraude se perfecciona mediante un componente telefónico. Las víctimas que contactan al número proporcionado en los avisos apócrifos son atendidas por individuos que se identifican como personal de CFE, quienes ratifican la supuesta infracción y enfatizan el carácter obligatorio del pago. Como parte de la estratagema, un segundo contacto se establece posteriormente por alguien que se presenta como “jefe de área” de la empresa, llegando incluso a crear perfiles falsos en plataformas profesionales como LinkedIn para otorgar mayor credibilidad a su personaje.
Este último interlocutor ofrece “reducir” el monto de la multa y proporciona cuentas bancarias personales para concretar la transferencia fraudulenta. Ante esta situación, la CFE ha implementado un protocolo de verificación que permite a los usuarios confirmar la legitimidad de cualquier notificación o visita. Todo trabajador autorizado debe portar credencial oficial vigente con fotografía, logotipos institucionales y uniforme reglamentario. Los usuarios tienen derecho a solicitar esta identificación e incluso tomar fotografías como respaldo documental. Es fundamental recordar que la empresa nunca solicita pagos en efectivo directamente en domicilios, limitando las transacciones oficiales a centros autorizados y canales digitales institucionales.
Para casos de duda, la empresa ha habilitado el número 071 como línea de verificación, donde personal especializado puede confirmar la existencia de órdenes legítimas relacionadas con el servicio, para lo cual se recomienda tener disponible el número de servicio y, en su caso, fotografías del medidor o documentación recibida. Paralelamente, la CFE ha iniciado una investigación formal para documentar todos los incidentes reportados y ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales, lo que ya ha resultado en la detención de varios implicados.
La proliferación de estos esquemas delictivos refleja la adaptación de los grupos criminales a las nuevas dinámicas sociales, combinando elementos de extorsión tradicional con técnicas de suplantación de identidad corporativa. La efectividad de estas estafas radica en la explotación de la confianza institucional y el temor a la interrupción de un servicio esencial como la energía eléctrica, particularmente en contextos donde los usuarios pueden tener dudas sobre el estado real de su contrato o medición.
Las autoridades recomiendan mantener una actitud de escepticismo proactivo ante cualquier comunicación no solicitada, verificar independientemente los canales oficiales antes de realizar cualquier transacción y reportar inmediatamente cualquier intento de extorsión a las autoridades competentes. La colaboración ciudadana en la identificación y denuncia de estos casos resulta crucial para desarticular estas redes delictivas que no solo causan perjuicios económicos, sino que erosionan la confianza en las instituciones y sus mecanismos de comunicación legítimos.
