Mientras empresarios del sector industrial denunciaron presiones por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para reducir su demanda durante horas críticas, las autoridades energéticas desmintieron categóricamente cualquier medida coercitiva.
Las instituciones afirmaron contar con un amplio margen de reserva operativa superior al 12% en el Sistema Interconectado Nacional, eliminando la necesidad de restricciones. “Nuestras acciones garantizan suministro continuo y estable sin interrupciones forzadas”, destacaron en un comunicado oficial.
Este episodio revela la tensión latente entre la eficiencia energética y las necesidades productivas. La CFE atribuyó la estabilidad del sistema a mantenimientos preventivos ejecutados en temporadas de baja demanda, mientras la Presidencia calificó las advertencias como recomendaciones técnicas no vinculantes.
¿Podría este conflicto impulsar un cambio de paradigma hacia modelos de gestión energética más colaborativos? La disyuntiva actual plantea la oportunidad de reinventar los mecanismos de diálogo entre sector público y privado para construir un sistema eléctrico resiliente que anticipe crisis en lugar de reaccionar a ellas.
