La organización civil México y el Mundo Vapeando alertó que las recientes modificaciones a la Ley General de Salud, que sancionan toda actividad relacionada con vaporizadores, representan en la práctica la entrega del mercado nacional al crimen organizado, el cual ya distribuye más de cinco millones de dispositivos al mes en el país.
A través de un comunicado, el presidente del colectivo, Juan José Cirión Lee, lamentó que el Congreso haya consumado la prohibición del vapeo, pese a la evidencia científica internacional que respalda su uso como alternativa menos dañina frente al consumo de tabaco tradicional. Recordó que en naciones como Francia y el Reino Unido, estos dispositivos incluso forman parte de políticas públicas para combatir el tabaquismo, al considerarlos un 95 por ciento menos perjudiciales que los cigarros convencionales.
Cirión Lee advirtió que la reforma aprobada formaliza una realidad que ya se observa en calles y espacios públicos: la presencia abierta de grupos delictivos en la distribución y venta de vaporizadores. Con esta medida —señaló— se amplían los negocios ilícitos de dichas organizaciones, que no solo se limitarán al tráfico de drogas o extorsión, sino también al control total del mercado de dispositivos.
El activista afirmó que la prohibición no reduce el consumo ni lo hará, y por el contrario, facilita el acceso de estos aparatos a menores de edad al eliminar canales regulados y supervisados. “Es una medida contraria a la salud pública”, expresó.
Finalmente, señaló que con esta reforma México se convierte en el país con la restricción jurídica más severa del mundo respecto al uso de vaporizadores, en contraste con naciones desarrolladas y emergentes como Chile, Perú y Colombia, que han optado por regulaciones para estas tecnologías de riesgo reducido en lugar de prohibiciones absolutas.
