Nacional
Comando armado ejecuta a seis hombres en finca de Guanajuato
La noche del viernes, un ataque coordinado dejó seis víctimas en una zona rural, mientras las autoridades intensifican la búsqueda de los responsables.

La tranquilidad de la comunidad Santa Mónica Ozumbilla, en Yuriria, Guanajuato, se vio fracturada la noche del viernes por un ataque brutal. Un comando armado irrumpió en una finca privada, ejecutando a seis hombres en lo que parece ser un acto calculado. ¿Fue un ajuste de cuentas del crimen organizado o un mensaje intimidatorio? Las autoridades aún no tienen respuestas concluyentes.
Testigos relataron a este medio que, alrededor de las 19:30 horas, escucharon detonaciones intensas provenientes de una propiedad aledaña a la carretera estatal Moroleón-Cerano. Los agresores, según fuentes locales, llegaron en convoy de camionetas blindadas, un modus operandi que sugiere planeación logística. Tras perpetrar la masacre, desaparecieron sin dejar rastro, evadiendo los operativos de búsqueda desplegados por Seguridad Pública y Guardia Nacional.
En el lugar, los cuerpos de las víctimas presentaban impactos de bala a quemarropa, indicativo de ejecución sumaria. Peritos forenses trabajan contra reloj para identificar a los fallecidos, mientras agentes federales analizan posibles vínculos con grupos delictivos que operan en el Bajío, región azotada por disputas territoriales entre carteles rivales.
La Fiscalía de Guanajuato emitió un comunicado destacando la coordinación interinstitucional, pero omitió detalles clave: ¿Había antecedentes de amenazas en la zona? ¿Las víctimas tenían historial delictivo? Fuentes cercanas a la investigación, bajo condición de anonimato, revelaron que en la finca se habrían realizado reuniones clandestinas días antes del ataque, un dato que podría redefinir las líneas de investigación.
Este episodio reactiva el debate sobre la estrategia fallida de pacificación en Guanajuato, estado que acumula 1,890 homicidios dolosos en lo que va del año según datos oficiales. Mientras las autoridades insisten en operativos reactivos, comunidades rurales como Ozumbilla quedan expuestas a la ley del silencio impuesta por la violencia.

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