Las cifras ocultas detrás de la protesta
Una investigación profunda revela que los disturbios registrados durante la más reciente movilización de la Generación Z han dejado una estela de devastación económica que supera la narrativa oficial. Según fuentes del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), los daños ascienden a una cifra escalofriante: 500 millones de pesos. Pero, ¿quiénes son los verdaderos responsables de este caos calculado?
Gerardo Cleto López Becerra, presidente de la organización, proporcionó documentos que detallan el impacto en más de 3,500 establecimientos del primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, nuestra indagación plantea una pregunta incómoda: ¿se trata de un movimiento espontáneo o existe una infiltración planificada?
El modus operandi del bloque negro
El sábado 15 de noviembre no fue un día cualquiera. Testimonios recabados en el polígono delimitado por Izazaga, Donceles, Eje Central Lázaro Cárdenas y Corregidora describen un patrón recurrente: el saqueo de establecimientos y intentos forzados de acceso a joyerías. ¿Por qué estos blancos específicos? La evidencia sugiere una selección metódica, no actos aleatorios de vandalismo.
Las consecuencias se extienden más allá de lo material. Más de 5,000 trabajadores vieron interrumpida su jornada laboral, servicios turísticos colapsaron y, lo más grave, más de un centenar de comerciantes reportaron afectaciones a su salud. ¿Hasta qué punto se está subestimando el costo humano de estas manifestaciones?
La delgada línea entre protesta y crimen
En entrevista exclusiva, López Becerra fue contundente: “Defendemos el derecho a la libre expresión política, social, cultural, religiosa y económica. La mejor forma de practicar estos principios es dentro de los cauces legales”. Pero su declaración oficial esconde una realidad más compleja. Nuestra investigación encontró que los comerciantes operan bajo un estado de alerta permanente, cuestionando la efectividad de los protocolos de seguridad.
Sergio Subich, comerciante joyero, fue más allá en su testimonio: “Dentro de las últimas marchas se han infiltrado grupos de choque y crimen organizado”. Esta afirmación coincide con reportes de inteligencia que manejan las autoridades, pero que rara vez se hacen públicos. ¿Qué impide que estos grupos sean identificados y neutralizados?
La revelación final: un mensaje que trasciende las pérdidas
El verdadero descubrimiento de esta investigación periodística no son las cifras millonarias, sino el patrón que se repite. Los datos recopilados sugieren una operación sistemática que aprovecha el cobijo de las manifestaciones legítimas para cometer actos delictivos. La conclusión es ineludible: mientras no se desarticulen estos grupos de infiltrados, el derecho a la protesta pacífica seguirá siendo secuestrado por intereses criminales.
La demanda de los comerciantes por una aplicación efectiva de la ley no es solo sobre protección patrimonial; es una lucha por la preservación del espacio cívico. El mensaje final es claro: la violencia, sea cual sea su origen, no puede ser el precio de la expresión ciudadana.
