Una Transformación en las Reglas del Comercio Exterior
Con 31 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 12 en contra de la oposición, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dio luz verde a una iniciativa que modifica profundamente la Ley Aduanera. Pero, ¿qué se esconde detrás de esta aprobación por mayoría? La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue enmendada, y las alteraciones van más allá de un simple ajuste técnico.
La investigación revela que el cambio más significativo afecta directamente a la columna vertebral de las operaciones de comercio exterior: la patente de agente aduanal. Deja de ser un derecho vitalicio para convertirse en una concesión con vigencia de veinte años, prorrogable hasta un máximo de 40. Además, los agentes estarán obligados a certificarse cada tres años, un movimiento que, según fuentes consultadas dentro del sector, busca profesionalizar la actividad pero que también podría ser utilizado como un mecanismo de control discrecional.
El Nuevo Órgano de Control: El Consejo Aduanero
La reforma no se limita a cambiar plazos. Crea un nuevo ente con poder absoluto: el Consejo Aduanero. Este organismo estará facultado para autorizar o rechazar el otorgamiento de la patente, y manejará los procedimientos de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción de la misma. La pregunta que surge de inmediato es: ¿quién controla a este consejo y bajo qué criterios, no siempre públicos, tomará sus decisiones?
Paralelamente, se consolida el poder de la recién creada Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), a la que se le otorgan amplias facultades de inspección, fiscalización, recaudación y vigilancia. Un testimonio de un funcionario de Hacienda, que pidió mantener el anonimato, sugiere que el objetivo real es centralizar la información y el control en una sola entidad, reduciendo los espacios de opacidad que existían previamente.
Mayor Transparencia o Mayor Vigilancia?
Los documentos de la reforma detallan nuevas obligaciones que apuntan hacia una supervisión sin precedentes. Los agentes aduanales deberán presentar anualmente su declaración patrimonial, una medida presentada como una herramienta contra la corrupción. Los importadores deben llevar un control de inventarios permanente. Incluso los bancos autorizados para operar cuentas aduaneras están obligados a presentar declaraciones mensuales con los nombres y RFC de los usuarios, así como los montos transferidos.
Esto plantea un dilema fundamental: ¿estamos ante un avance histórico en la transparencia del comercio exterior o ante la construcción de un aparato de vigilancia financiera masiva?
El Disuasivo Económico: Multas Exponenciales
Quizás la parte más contundente de la reforma sea el drástico incremento en las sanciones económicas. Para quien introduzca mercancía prohibida o no compruebe el cumplimiento de las regulaciones, la multa se dispara. Ya no será del 70% al 100%, sino de entre un 250% y un 300% del valor comercial de las mercancías. Una sanción que, en la práctica, podría significar la quiebra para infractores.
Se crean, además, nuevas multas: hasta 8 millones de pesos por no presentar documentación requerida y hasta 2 millones de pesos para empresas que no acrediten el cumplimiento de sus obligaciones.
La Próxima Batalla: El Pleno
La iniciativa ha sido turnada a la Mesa Directiva para su debate en el pleno, programado para la sesión de este martes. Lo que suceda allí definirá el futuro del comercio exterior en México. La narrativa oficial habla de modernización y combate a la evasión fiscal. Sin embargo, una mirada más profunda, que conecta los puntos entre el nuevo Consejo, los plazos de las patentes y las draconianas multas, sugiere una reingeniería total del sistema, destinada a concentrar el poder y redefinir las reglas de juego para las próximas décadas. La verdadera batalla por el control aduanero está a punto de comenzar.
