Comité Ecológico gana segundo amparo para reducir emisiones de Pemex

Tras años de batallas legales y movilizaciones ciudadanas, el Comité Ecológico Integral celebra una victoria estratégica contra la Refinería de Pemex en Cadereyta. Como testigo de décadas de lucha ambiental en la región, puedo afirmar que este segundo amparo –obtenido ayer– marca un precedente histórico al exigir cambios operativos concretos para proteger la salud pública en Nuevo León.

La experiencia nos ha enseñado que las demandas ambientales requieren persistencia. Este caso, impulsado junto a Escalada Libre y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, demuestra cómo la presión judicial sistemática da resultados. Recuerdo cómo en 2023 las quejas vecinales por irritación ocular eran ignoradas; hoy, el Juzgado Primero de Distrito ordena reemplazar combustóleo por gas menos contaminante –algo que los técnicos sabían viable pero que faltaba voluntad política para implementar–.

El detalle clave de esta resolución, según analizo tras revisar el expediente, es la exigencia de recuperar el 90% del azufre en los procesos. Durante mi trabajo en auditorías industriales, comprobé que muchas refinerías subestiman esta práctica por costos, pese a su impacto en la lluvia ácida. La inclusión de quemadores de alta eficiencia y supervisiones obligatorias por la Asea refleja lecciones aprendidas del primer amparo de marzo, cuyas lagunas permitían evadir compromisos.

Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, persisten desafíos. Las apelaciones de la FGR y Semarnat contra el fallo inicial muestran la resistencia institucional. En mi trayectoria, he visto cómo las victorias legales pueden diluirse sin vigilancia ciudadana. Por eso, el verdadero triunfo aquí es el mecanismo de verificación independiente: un modelo que otras comunidades deberían replicar.

Este logro no solo mejora el aire de Nuevo León, sino que sienta un estándar para el resto de las plantas de Pemex. Como quien ha asesorado a afectados por emisiones industriales, valoro especialmente que la sentencia priorice soluciones técnicas reales sobre multas simbólicas –un avance que costó años de evidencias científicas y denuncias mediáticas–.