Comunidad retiene reactores de Pemex en protesta por obras incumplidas

Fuentes legislativas revelan a este medio que el conflicto va más allá de una simple protesta local. Diputados opositores señalan que el caso expone un patrón de desgobierno: mientras pobladores exigen infraestructura básica y seguridad, autoridades federales mantienen una inexplicable pasividad.

“No es coincidencia que esto ocurra paralelamente a las movilizaciones de la CNTE y normalistas”, advierte el diputado Federico Döring (PAN). “Estamos ante un efecto dominó de descontento social alimentado por promesas incumplidas”. Documentos obtenidos por nuestra redacción muestran que las solicitudes formales de diálogo por parte de Jilotepec datan de hace 11 meses.

Raúl Lozano (Movimiento Ciudadano) va más allá: “La inacción calculada del gobierno convierte equipos industriales en rehenes políticos. Mientras tanto, el retraso en la reconfiguración de Tula sigue contaminando el aire de millones”. Expertos consultados confirman que cada día de retraso incrementa las emisiones de azufre en un 3%.

Este medio corroboró que los reactores -clave para producir combustibles limpios- yacen inutilizados cerca de terrenos agrícolas, generando riesgos ambientales no evaluados. Vecinos entrevistados bajo condición de anonimato denuncian: “Nos mintieron con escuelas y caminos. Ahora tenemos su tesoro industrial”.

La paradoja es evidente: comunidades marginadas usan equipos multimillonarios como palanca, mientras el gobierno federal insiste en megaproyectos sin atender necesidades básicas. ¿Hasta cuándo seguirá esta peligrosa ecuación? Fuentes internas de Pemex admiten que el costo del conflicto ya supera los 800 millones de pesos.

La pregunta que nadie responde: ¿Por qué un gobierno que prometió transformación social permite que conflictos escalen hasta afectar infraestructura energética crítica? Mientras las partes se enredan en acusaciones, los reactores siguen varados -símbolo incómodo de un país fracturado entre promesas y realidades.