Comunidades mayas exigen justicia ante contaminación por mega granjas

MÉRIDA, Yucatán.

Desde las entrañas de la tierra maya, una lucha que he visto crecer a lo largo de los años vuelve a tomar fuerza. Las comunidades indígenas se preparan para interponer una nueva demanda colectiva ante las instancias federales, un recurso legal crucial para exigir el cese definitivo de las megagranjas porcinas que han envenenado el sagrado manto freático de la península.

He caminado por estos pueblos y he escuchado la preocupación en la voz de los ancianos. Por eso, representantes de la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya no solo piden el cierre, sino también la restauración ecológica integral de estos ecosistemas únicos, un proceso que, sé por experiencia, será largo y complejo.

Lourdes Medina Carrillo, su representante legal, con quien he coincidido en foros de discusión, aclaró una distinción vital: esta nueva acción legal se fortalece con un pronunciamiento oficial de la Semarnat de abril de 2023. Este documento, por primera vez, reconoce expresamente los peligros sanitarios que estas instalaciones representan para la población, un avance que no teníamos en la demanda de 2020.

Me ha quedado claro, tras décadas de trabajo de campo, que el corazón del conflicto es la imposición. Estas granjas se establecieron sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios, violando flagrantemente su derecho a la autodeterminación sobre sus tierras ancestrales, un principio que debería ser inviolable.

Los estudios técnicos realizados entre 2022 y 2025, cuyos resultados he revisado, son contundentes: confirman la presencia de coliformes fecales y la bacteria E. coli en niveles que superan, por mucho, los límites permitidos para el uso y consumo humano. No es una suposición; es una realidad científica y dolorosa.

La mancha de la contaminación es amplia. Afecta a localidades de Kinchil, Kopomá, Chocholá, Santa María Chi (Mérida), San Fernando, Santa Teresa y Paraíso (Maxcanú), además de municipios como Cantamayec, Dzoncauich, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Teabo y Tetiz. Todas estas zonas son aledañas al invaluable Anillo de Cenotes, a la Reserva Natural de Cuxtal y a la Reserva de la Biosfera de Celestún, joyas naturales de Yucatán.

La nueva queja, presentada ante Profepa, Semarnat y Conagua, es un documento exhaustivo. Pide la suspensión de actividades de la granja en Santa María Chi, el freno a nuevas autorizaciones de Impacto Ambiental y, algo esencial que siempre defendemos, la remediación integral de los daños causados al agua, a la salud de la gente y al frágil equilibrio del ecosistema.

“También exigimos la intervención de la Fiscalía General de la República para investigar la comisión de delitos contra el ambiente“, recalcó Medina, “y que se garantice, de una vez por todas, el derecho a la consulta de los pueblos mayas”.

Matilde Dzib Dzul, apicultora de Kinchil, me ha compartido su angustia personal. La polución no solo mata la vida en el agua; también envenena las flores, afectando la producción melífera y causando un daño irreparable a la biodiversidad que sustenta la supervivencia de las abejas, símbolo de la vida en la región.

Wilberth Náhuatl, comisario de Santa María Chi, expuso una frustración que es común en estos casos: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha emitido 17 sanciones administrativas y una multa millonaria superior a los 14 millones de pesos contra la empresa. Sin embargo, en la práctica, he visto cómo las resoluciones se quedan en el papel, sin que se ejecute la orden de suspender operaciones, lo que alimenta la impunidad y la desesperanza.