Una investigación revela un preocupante patrón de fraude que se aprovecha de los pequeños productores agrícolas más vulnerables. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha emitido una alerta urgente ante la proliferación de individuos y empresas que, operando en la sombra, se hacen pasar por gestores autorizados para supuestamente agilizar la regularización de concesiones de aguas nacionales.
Pero, ¿quién está detrás de esta red de impostores y cuál es su verdadero modus operandi? Nuestra indagación descubre que este llamado de atención coincide sospechosamente con la vigencia del Decreto de Facilidades Administrativas, una ventana de oportunidad de seis meses para que los usuarios actualicen sus títulos. Los estafadores, al parecer, han identificado esta prórroga como el escenario perfecto para su lucrativo negocio.
La ruta oficial frente a la falsa gestión
Documentos oficiales obtenidos por este medio confirman que ningún procedimiento hídrico legítimo requiere de intermediarios. “Todos los trámites pueden y deben realizarse directamente en los organismos de cuenca o direcciones locales”, afirma un comunicado interno de la dependencia. Fuentes dentro de la institución, bajo condición de anonimato, revelaron que la asesoría es completamente gratuita en los portales oficiales y módulos autorizados.
La pregunta que surge es inevitable: ¿por qué persiste este fenómeno si existen alternativas oficiales y sin costo? Testimonios recabados entre pequeños agricultores sugieren un patrón recurrente: los falsos gestores capitalizan el desconocimiento y la desesperación de quienes temen perder sus derechos de agua.
La infraestructura desplegada contra el fraude
Profundizando en la respuesta institucional, descubrimos que Conagua, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, ha establecido una red de más de cien módulos de atención distribuidos estratégicamente. Sin embargo, la efectividad de estos centros para contrarrestar las operaciones fraudulentas sigue siendo materia de escrutinio.
Mientras la dependencia avanza en la simplificación administrativa y promueve los Centros Integrales de Servicios, las evidencias apuntan a una brecha informativa que los delincuentes continúan explotando. La conclusión de nuestra investigación es clara: detrás de la fachada de “gestores especializados” se esconde un elaborado esquema de extorsión que demanda denuncias inmediatas por parte de las víctimas.
La revelación final es contundente: la regularización hídrica no tiene atajos seguros fuera de los canales oficiales. Cualquier promesa de gestión expedita a cambio de dinero no es más que el anzuelo de una estafa perfectamente orquestada.
