El individuo detenido por el homicidio del abogado David Cohen Sacal confesó ante las autoridades de la Ciudad de México que le habían ofrecido la cantidad de 30 mil pesos para cometer el crimen. Este dato, revelado por el periodista Carlos Jiménez, dibuja un preocupante panorama de encargo profesional ejecutado con frialdad en las inmediaciones de la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores.
Según la información proporcionada, el agresor identificado como Héctor “H” admitió que el acuerdo era que el pago se realizaría una vez consumado el asesinato. La confesión señala la participación de un segundo individuo, quien logró escapar de la escena del crimen y fue quien proporcionó el arma homicida al ahora detenido.
Un elemento particularmente alarmante de la declaración es que el propio Héctor “H” manifestó desconocer los motivos por los cuales se había ordenado la muerte del litigante, lo que sugiere un nivel de despersonalización y profesionalización en el ataque, donde el ejecutor material actúa sin conocimiento de los móviles detrás del encargo.
El hecho ocurrió durante la tarde del lunes 13 de octubre de 2025. Los eventos se desarrollaron con rapidez y precisión. Héctor “H” interceptó al abogado Cohen Sacal a las afueras del recinto judicial y procedió a dispararle en múltiples ocasiones. La intervención de un elemento de la policía capitalina, quien al percatarse de la agresión repelió la acción hiriendo al atacante, fue crucial para impedir su fuga inmediata. Sin embargo, la respuesta no fue suficiente para salvar la vida del abogado, quien, tras ser trasladado de urgencia al Hospital Ángeles, falleció durante las primeras horas del martes 14 de octubre.
En el lugar de los hechos fue asegurada una motocicleta, presuntamente utilizada por el agresor y su cómplice para llegar al sitio y planear la huida. Dado que Héctor “H” resultó herido por el disparo del policía, fue trasladado a un centro hospitalario, donde permanece en calidad de detenido mientras las investigaciones avanzan para localizar e identificar a su cómplice y, fundamentalmente, a los autores intelectuales que ordenaron y financiaron el crimen.
El perfil profesional de David Cohen Sacal añade una capa de complejidad al caso. Era licenciado en Derecho y contaba con un posgrado en Derecho Procesal Civil. Su ejercicio profesional se especializaba en litigios de naturaleza civil y mercantil, así como en materia administrativa. Además, brindaba asesoría en temas corporativos y condominales. Esta trayectoria plantea varias líneas de investigación, ya que un ataque de esta naturaleza, ejecutado con tal determinación en un lugar de alta visibilidad y simbolismo como lo es la Ciudad Judicial, apunta a móviles que podrían estar directamente vinculados con casos legales complejos o intereses económicos sustanciales que se vieron amenazados por su labor profesional.
La confesión del detenido, que cifra el valor de la vida de un profesional en 30 mil pesos, no solo expone la crudeza del crimen por encargo, sino que también genera profundas interrogantes sobre los mecanismos que facilitan estos actos. La facilidad con la que se puede contratar un homicidio y la aparente desconexión entre el ejecutor y los motivos del crimen reflejan un preocupante nivel de operatividad de las redes delictivas.
Este caso trasciende el hecho delictivo individual y se convierte en un síntoma de un fenómeno más amplio: la instrumentalización de la violencia como un servicio accesible, cuyas implicaciones erosionan la seguridad y la impartición de justicia, especialmente cuando el blanco es un operador del sistema legal en las puertas mismas de un recinto judicial.
La investigación no solo debe agotarse en la captura del cómplice fugado, sino que tiene la obligación de desentrañar la cadena de mando y las razones que condujeron a este brutal desenlace, enviando un mensaje claro sobre la capacidad del Estado para proteger a quienes administran justicia y defender el imperio de la ley.
