La FGR sustentó su acusación en cinco testigos protegidos, entre ellos un informante de la DEA.
Un Tribunal Federal confirmó el auto de formal prisión dictado contra el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a su presunta relación con el Cártel del Golfo.
De acuerdo con la resolución judicial, la FGR fundamentó su acusación en las declaraciones de cinco testigos protegidos, uno de ellos colaborador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), quien aseguró que dicha organización delictiva habría financiado la campaña electoral de Yarrington rumbo a la gubernatura de Tamaulipas en 1998 y posteriormente le habría brindado apoyo durante su gestión como mandatario estatal.
El pasado 16 de abril, el secretario en funciones del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas dictó auto de formal prisión en contra del exgobernador, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, bajo la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de ilícitos de esa misma naturaleza.
Aunque la defensa impugnó el fallo, un Tribunal de Alzada ratificó la resolución al determinar que no existían causas de exclusión del delito.
El tribunal consideró que no había elementos que demostraran que Yarrington actuó bajo error de prohibición o desconocimiento de la ley, estableciendo que “le era exigible una conducta distinta conforme a derecho”.
Presuntos apoyos financieros durante su campaña
Según los testimonios recabados, el Cártel del Golfo habría brindado respaldo económico al entonces candidato priista.
Uno de los testigos relató que en junio de 1998, durante un evento político en Reynosa, Tamaulipas, fue entregado un millón de dólares en efectivo dentro de un portafolio negro, a bordo de una camioneta Suburban roja, como parte del presunto financiamiento para su campaña.
El mismo testigo refirió que entre julio y octubre de 1998 se realizaron entregas similares.
La defensa del exmandatario cuestionó la validez de estas declaraciones, al señalar que los testigos no precisaron con exactitud las fechas, lugares ni montos de las supuestas entregas.
Cabe recordar que el 9 de abril de este año, el Gobierno de Estados Unidos deportó a Tomás Yarrington a territorio mexicano.
Tras su arribo, fue entregado a agentes de la FGR, quienes cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en su contra: una por delitos contra la salud y otra por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El exgobernador fue recibido por elementos de Interpol México en el cruce fronterizo de Tijuana, Baja California, con San Ysidro, California, y posteriormente trasladado en una aeronave de la FGR a Toluca, Estado de México, desde donde fue conducido por tierra al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en Almoloya de Juárez.
Yarrington Ruvalcaba fue detenido en Italia en 2017 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por lavado de activos, asociación delictiva y fraude bancario, derivados de presuntas operaciones financieras ilegales realizadas durante y después de su gestión en Tamaulipas (1999–2005).
En abril de 2024, tras aceptar algunos de los cargos menores dentro de un acuerdo judicial, el exgobernador fue sentenciado a prisión en Texas, y posteriormente deportado a México para enfrentar los procesos pendientes ante la justicia nacional.
Con esta nueva resolución judicial, el exmandatario tamaulipeco continuará su proceso recluido en el penal del Altiplano, mientras la FGR mantiene abiertas las investigaciones sobre su presunta red de vínculos financieros y políticos con integrantes del Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más antiguas y con mayor presencia en el noreste del país.
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