El ecosistema comercial mexicano se ve sacudido por una disputa de altas consecuencias sobre los derechos digitales en la era del streaming.
Un enfrentamiento de gran calado enfrenta a la comunidad empresarial con las autoridades federales, un conflicto que pone en jaque la banda sonora de miles de establecimientos: la música grabada o en vivo.
Asociaciones de comerciantes han alzado la voz contra una campaña de inspección conjunta ejecutada por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El objetivo de este operativo es exigir el pago de regalías a cualquier negocio que utilice obras musicales con fines de lucro, una práctica que los empresarios califican de acoso.
La controversia estalla por los montos demandados, que pueden oscilar entre cinco mil y 120 mil pesos mensuales, dependiendo de la escala del negocio. Desde el IMPI, su titular, Santiago Nieto, defiende la medida afirmando que “quien realice la comunicación pública de una obra tiene la obligación de pagar las regalías al autor o a su sociedad de gestión colectiva”.
La autoridad advierte con medidas coercitivas, que pueden incluir el cierre temporal de establecimientos por hasta 72 horas ante el incumplimiento. Mientras, el IMPI asegura buscar un “justo medio” en colaboración con cámaras empresariales como la Concanaco y la Canaco CDMX para actualizar y ajustar el sistema de tarifas.
Sin embargo, la percepción en el sector es radicalmente diferente. Iván Pérez Ruiz, presidente de la Canaco Juárez, denuncia tácticas de extorsión, donde inspectores se presentan con un documento que, bajo el eufemismo de “invitación”, obliga a contratar una licencia bajo la amenaza de acciones legales de diversa índole.
La queja central es la falta de un tabulador claro y de un sustento legal transparente para estos cobros. Los empresarios exigen conocer el catálogo específico de artistas representados por la SACM, argumentando que no todos los compositores están afiliados a esta sociedad.
En respuesta, comercios de estados como Chihuahua han iniciado un boicot, instando a no reproducir música de compositores asociados a la SACM, como Martín Urieta Solano. Este movimiento evidencia una fractura profunda en la aplicación de la ley de propiedad intelectual en la economía de experiencia.
Ante el punto de ruptura, la Secretaría de Economía, el IMPI, la SACM y la Concanaco anunciaron la negociación de un convenio nacional. La meta es establecer un marco regulatorio claro y equilibrado que proteja los derechos de los creadores sin asfixiar la operación de las micro y pequeñas empresas, un desafío crucial en la nueva economía digital.
