El contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de liderar una sofisticada red de huachicol fiscal desde las aduanas marítimas, tiene una cita impostergable con la justicia. La jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez fijó su audiencia inicial para el 1 de octubre, en un caso que sacude los cimientos de la institución naval.
La suspensión provisional que le otorgó la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos está en juego. Si el militar no se presenta, la medida perderá vigencia y la Fiscalía General de la República (FGR) podrá ejecutar la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada.
Para mantener su libertad bajo fianza, Farías Laguna depositó una garantía de 49 mil pesos. Recientemente, alertó al juzgado sobre el bloqueo de sus cuentas bancarias y las de su familia, solicitando una medida cautelar que le permita acceder a recursos para su defensa legal.
La transparencia del caso ha topado con un muro. La justicia federal denegó al contralmirante el acceso a una copia de su propia orden de captura. El argumento: la investigación en la causa penal 325/2025 es de carácter reservado y confidencial, ya que involucra al menos a otros doce imputados.
La jueza Carlos Ávalos determinó que facilitar esa información podría obstaculizar la investigación de la FGR, un precedente que refleja la complejidad de este macroproceso de corrupción. Farías Laguna, señalado como cabecilla de la trama junto a su hermano Manuel Roberto –quien ya se encuentra recluido–, solo podrá consultar las pruebas una vez que formalmente se presente ante la autoridad.
Este caso se erige como una prueba crucial para el Sistema Penal Acusatorio mexicano, poniendo a prueba los protocolos contra la impunidad de alto nivel y la capacidad de las instituciones para abordar esquemas delictivos complejos.
