La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advirtió que impulsar una reforma electoral en el contexto actual podría resultar inoportuno y riesgoso para el país, al considerar que México enfrenta retos urgentes en materia de seguridad, estabilidad económica y confianza para la inversión.
A través de un posicionamiento oficial, el organismo empresarial señaló que cualquier modificación al sistema electoral debe surgir del consenso ciudadano y del fortalecimiento institucional, evitando decisiones que puedan profundizar la polarización política o generar confrontación social.
COPARMEX indicó que el país atraviesa un escenario de incertidumbre económica interna y externa, además de problemas de inseguridad y revisión de compromisos comerciales internacionales, lo que, a su juicio, hace inconveniente abrir un debate sobre cambios institucionales de gran alcance.
El organismo advirtió que la estabilidad institucional y la certeza jurídica son factores clave para mantener la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, por lo que cualquier señal de debilitamiento democrático podría frenar la inversión y limitar la creación de empleos.
Asimismo, señaló que una reforma electoral sin consenso podría afectar la posición de México en negociaciones internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y en la renovación del Acuerdo Global México–Unión Europea, al implicar riesgos en el cumplimiento de compromisos relacionados con la democracia y los derechos políticos.
El organismo empresarial recordó que el sistema electoral mexicano ha sido construido desde la década de 1990 mediante acuerdos amplios entre ciudadanía, academia, sociedad civil y fuerzas políticas, lo que ha permitido consolidar un modelo que ha brindado estabilidad política, alternancia pacífica, gobernabilidad democrática y certeza jurídica.
En ese sentido, COPARMEX subrayó que cualquier reforma debe respetar cinco pilares fundamentales: la autonomía de las autoridades electorales, la pluralidad legislativa, una fiscalización efectiva, la inclusión de minorías y la certeza jurídica.
Finalmente, el organismo reiteró su disposición al diálogo para construir acuerdos que fortalezcan la democracia, pero insistió en que la prioridad debe centrarse en atender los problemas de seguridad, estabilidad y desarrollo económico que enfrenta el país.
