Alianza In México manifestó su oposición al gravamen incremental sobre las operaciones digitales.
Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha validado el incremento del 2% en el tributo a las plataformas digitales en la capital del país, una decisión que Alianza In México no solo lamenta, sino que investiga por sus posibles efectos colaterales. Nuestra indagación revela que detrás de la frialdad de la resolución judicial se esconde una compleja red de consecuencias que podrían alterar el ecosistema económico de la ciudad.
El veredicto y sus interrogantes
¿Qué motiva realmente la ratificación de este impuesto? La SCJN ha dado su aval, pero las preguntas persisten. Alianza In México, una agrupación que representa a diversos actores del sector, ha alzado la voz para cuestionar la narrativa oficial. Nuestra investigación se centra en develar si este gravamen fue concebido con una comprensión real de su impacto regresivo, uno que, según los documentos analizados, recaerá de manera desproporcionada sobre repartidores, emprendimientos locales y los propios consumidores.
Las voces detrás del conflicto
Al consultar a los directamente afectados, surge un panorama preocupante. Testimonios recabados de pequeños comerciantes y trabajadores de plataformas exponen una vulnerabilidad alarmante. “Este no es un impuesto a las grandes corporaciones; es un impuesto que nos asfixia a nosotros”, declaró un repartidor que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias. La asociación sostiene que esta carga fiscal podría limitar drásticamente las oportunidades de ingresos para miles de personas, planteando una duda crucial: ¿se evaluó suficientemente el costo social de esta medida?
Las repercusiones ocultas
La conclusión de nuestro reportaje apunta a un efecto dominó inevitable. La validación del tributo no solo se traducirá en un incremento en los costos para los usuarios finales. Un análisis profundo sugiere que podría desencadenar una reducción en la calidad de los servicios y una merma en la competitividad del mercado digital en la Ciudad de México. La verdad que emerge es que esta decisión, más que una simple recaudación, representa una encrucijada para el futuro del trabajo y el consumo digital, forzando a una reflexión sobre quiénes cargan realmente con el peso de las políticas fiscales.
