Cuatro estados mexicanos en crisis por falta de fondos para elecciones judiciales

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha lanzado una alerta crítica: Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí y Veracruz navegan en aguas turbulentas al carecer de los recursos económicos indispensables para garantizar la elección transparente de sus juzgadores locales. ¿Es esta una falla administrativa o un síntoma de un sistema judicial en crisis?

Los congresos estatales, en un acto de última hora a finales de 2024, aprobaron la renovación judicial, dejando a los organismos electorales locales con un tiempo récord para organizar procesos complejos. Las solicitudes de financiamiento a los gobiernos estatales, realizadas en enero y febrero, han encontrado respuestas tibias y soluciones parciales.

• En Zacatecas, el drama presupuestal alcanza niveles críticos: de los 145 millones solicitados, sólo recibieron 24 millones, menos del 20% necesario. ¿Cómo puede funcionar una democracia con estas restricciones financieras?

Estos fondos, insuficientes pero vitales, se destinaron a contratación de personal, producción de material electoral y equipamiento tecnológico. Sin embargo, el déficit de 23 millones para capacitación, logística y alimentación durante la jornada electoral pone en jaque todo el proceso.

La situación se complica aún más: estos estados arrastran deudas millonarias con el INE por servicios prestados en la organización electoral, creando un círculo vicioso de insolvencia democrática.

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En Nayarit, la brecha es igualmente alarmante: de 115 millones requeridos, sólo recibieron 30. El Tribunal Electoral ha intervenido, pero las respuestas gubernamentales brillan por su ausencia. ¿Estamos ante una nueva forma de obstruccionismo político?

San Luis Potosí y Veracruz completan este cuadro preocupante, donde los organismos electorales locales navegan contra reloj con presupuestos recortados y plazos imposibles. La posibilidad de aceptar “recursos en especie” como solución alternativa revela la desesperación del sistema.

Este escenario plantea preguntas incómodas: ¿Están los gobiernos estatales saboteando deliberadamente los procesos judiciales? ¿O simplemente reflejan la cruda realidad de unas finanzas públicas en crisis? Lo cierto es que la independencia judicial pende de un hilo financiero cada vez más delgado.

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El informe que será discutido por el Consejo General del INE este jueves no sólo expone números rojos, sino que revela una crisis sistémica que amenaza los cimientos mismos de la justicia estatal en México.