El sistema de atención a víctimas de violencia de género en Tamaulipas presenta deficiencias críticas que comprometen la protección y recuperación de las mujeres. Según Gabriela Ibarra Lozano, ex procuradora del DIF Altamira y especialista en género e infancia, persisten fallas estructurales en la aplicación de la ley y el acompañamiento integral que debería brindarse inmediatamente después de una denuncia.
Uno de los problemas más graves identificados es el tiempo de espera para recibir atención psicológica. Las mujeres que han presentado denuncias por delitos como violencia familiar o sexual deben esperar hasta cuatro meses para acceder a terapia especializada. Este retraso contradice los principios de atención inmediata que requiere una víctima en situación de vulnerabilidad. La terapia psicológica no es un lujo, sino una necesidad urgente para romper el ciclo de violencia y prevenir consecuencias más severas.
“Para las terapias psicológicas tienen una fecha de espera hasta de cuatro meses para recibirlas después de que acudieron a presentar una denuncia, pero ese apoyo debe brindarse al momento”, explicó la especialista.
Los vacíos legales y operativos se extienden más allá de la atención psicológica. Las víctimas que recurren a asesores victimales por falta de recursos económicos se encuentran con que, frecuentemente, ni siquiera llegan a conocer al abogado de oficio asignado a su caso. Esta desconexión entre la víctima y su representación legal debilita todo el proceso judicial y aumenta la sensación de desamparo.
Respecto a la actuación de ministerios públicos y jueces, Ibarra Lozano reconoció que, aunque existe un intento por mostrar empatía, la falta de personal en las áreas de apoyo legal genera demoras excesivas en la atención. Las jornadas para presentar denuncias en la Fiscalía Especializada en Atención a la Violencia contra las Mujeres en Altamira son tan extensas que muchas mujeres optan por desistir, frustradas por la burocracia y la espera.
Los protocolos de protección diseñados para salvaguardar la integridad de las mujeres también muestran fallas operativas críticas. Cuando una mujer solicita medidas de protección y no hay plazas disponibles en refugios por más de cinco días, se ve forzada a regresar al domicilio que comparte con su agresor. Esta situación no solo la expone nuevamente al peligro, sino que perpetúa ciclos de violencia económica, sexual y vicaria, esta última dirigida a dañar a la mujer a través de sus hijos o seres queridos.
“Cuando una mujer solicita medidas de protección y no hay un refugio disponible por más de cinco días, se ve obligada a regresar al domicilio con el agresor, repitiendo así el ciclo de violencia económica, sexual y vicaria”.
Como medida concreta para reducir los feminicidios, Ibarra Lozano ha propuesto a los legisladores, desde hace varios años, que se reclasifique como delito grave el abandono de obligaciones alimenticias. Esta reforma, que debería plasmarse en la Constitución, permitiría imponer detenciones o medidas cautelares de prisión a los deudores alimentarios morosos. El fundamento de esta propuesta es claro: el daño colateral de una pensión impagada no solo afecta a la mujer, sino que priva a los niños de sus derechos básicos, creando un caldo de cultivo para situaciones de violencia familiar que pueden escalar hasta el feminicidio.
“Desde la Constitución, a fin de que el deudor alimentista entienda que dejar de proporcionar alimentos a sus hijos pueda derivar en detención o medidas cautelares de prisión. Esto porque el daño colateral en un juicio de pensión no solo afecta a la mujer, sino que también priva a los hijos de sus derechos, lo que puede derivar en hechos más graves, como violencia familiar e incluso feminicidio”.
La coordinación interinstitucional emerge como otro desafío primordial. Reducir los índices de delitos del ámbito familiar y asignar más personal a todas las unidades de investigación requiere una estrategia que sincronice horarios y esfuerzos entre la Fiscalía General de Justicia del Estado, el DIF y el Instituto de la Mujer. Quien asuma la titularidad de la Fiscalía tendrá ante sí la tarea de destrabar esta falta de coordinación que hoy perjudica a las víctimas.
El contexto regional agrava el problema. La zona sur de Tamaulipas se mantiene en el quinto lugar nacional en delitos familiares, incluyendo abandono de obligaciones alimenticias, sustracción y retención de menores y violencia familiar. Este indicador es un síntoma de un problema más profundo: la incapacidad de los tres niveles de gobierno para reconstruir el tejido social y ofrecer una red de seguridad efectiva que proteja a las mujeres y a sus hijos. La combinación de deficiencias legales, falta de recursos humanos y descoordinación institucional crea un entorno donde la violencia puede persistir y escalar, dejando a las víctimas en un limbo de espera e inseguridad.
