Damnificados por Erick cierran carreteras ante la indiferencia gubernamental

En un acto de desesperación que raya en lo kafkiano, los supervivientes de los municipios de San Luis Acatlán y Marquelia —convertidos en escombros ilustrados por el huracán Erick— decidieron que, si el Gobierno no baja a la tierra, ellos subirán al asfalto. Así, con la elegancia burocrática que caracteriza a las autoridades, cerraron la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, no para pedir limosna, sino para reclamar lo que el Estado benefactor prometió en cada spot electoral.

Las comunidades olvidadas —Jolochitán, El Mesón, Jimaltepec y otras cuyos nombres suenan a poesía náhuatl pero huelen a abandono— se plantaron en el puente de Marquelia, donde el viento ya no sopla, pero sí los discursos. “Jolochitán exige el censo de Bienestar”, rezaba una manta, porque en este país el derecho a existir se mide en formularios.

Jesús Plácido García, líder del Cipoeg, denunció que la Presidenta Sheinbaum considera innecesaria una declaratoria de desastre, como si los techos volados fueran performance artístico y no emergencia. “Es discriminación racial“, sentenció, porque en México la pobreza tiene código postal y color de piel.

Mientras, el subsecretario Rodríguez Cisneros ofreció una cita a futuro —mañana, siempre mañana—, como si los damnificados pudieran alimentarse de promesas. Las carreteras rotas siguen sin reparar, metáfora perfecta de un sistema que solo se conecta en campaña.

Y así, entre comisarios y organizaciones sociales, Guerrero escribe otro capítulo de su epopeya tragicómica: el Estado ausente que exige paciencia a quienes perdieron hasta las ollas.