Una celebración comunitaria en la aldea Obero, municipio de Masagua, Guatemala, fue interrumpida de forma violenta y definitiva la noche del pasado desfile navideño. Nelson Luciano Marroquín, alcalde de la localidad, fue asesinado a tiros mientras caminaba entre la multitud junto a su pareja, transformando un acto de alegría en una escena de caos y terror frente a familias y niños.
Tras los disparos, los servicios de emergencia trasladaron al edil al Hospital Nacional de Escuintla, donde fue declarado muerto. La noticia se propagó rápidamente, generando una profunda conmoción no solo en Masagua, sino en todo el país. La imagen del funcionario, quien horas antes había transmitido en vivo desde el desfile saludando a vecinos y participando con evidente alegría, contrasta de manera brutal con la frialdad de su asesinato. Ese registro en video, destinado a documentar una fiesta, se convirtió de manera involuntaria en su última aparición pública.
La reacción institucional fue inmediata. El presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, expresó su “total repudio” al crimen y aseguró haber dado instrucciones directas al Ministerio de Gobernación para la captura de los responsables. Este llamado a la acción no fue aislado. La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), junto con otros funcionarios locales y nacionales, rechazó el ataque de manera unánime y exigió al gobierno central acciones concretas y efectivas para frenar la ola de violencia que golpea a las autoridades municipales. Las demandas de justicia por parte de la ciudadanía se mezclan con un palpable sentimiento de indignación e inseguridad.
Las investigaciones, ya iniciadas por las autoridades competentes, se enfrentan al complejo desafío de esclarecer el móvil y dar con los autores materiales e intelectuales. Hasta el momento, no se ha divulgado información oficial sobre el número de agresores, sus identidades o sus posibles vínculos. Este hermetismo, común en las primeras etapas de casos de alta sensibilidad, no hace más que alimentar la especulación y la angustia en una comunidad que ve cómo la violencia irrumpe en los espacios más cotidianos y simbólicos. El hecho de que el crimen se ejecutara en un evento público, masivo y familiar subraya una audacia particularmente alarmante.
El asesinato del alcalde Marroquín no es un incidente aislado, sino que se inscribe en una serie de ataques registrados durante 2025 contra funcionarios públicos en Guatemala. Este patrón reaviva con fuerza un debate nacional pendiente sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus representantes locales, quienes suelen ser la primera línea de administración y, por tanto, los más expuestos en contextos donde operan grupos criminales o intereses violentos. La tragedia de Masagua funciona como un sombrío recordatorio de que la violencia política y criminal no distingue entre escenarios, aprovechando incluso la congregación pacífica para sus fines.
El impacto práctico de este hecho trasciende el duelo inmediato. Coloca bajo una lupa crítica las estrategias de protección para ediles, la efectividad de los mecanismos de inteligencia policial para prevenir este tipo de ataques y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Para los habitantes de Masagua y municipios similares, la pregunta sobre quién podrá ser el próximo y bajo qué circunstancias se convierte en una preocupación tangible. La exigencia social ya no se limita a la captura de los culpables de este crimen, sino que avanza hacia una demanda estructural de políticas integrales de seguridad que protejan tanto a los servidores públicos como el derecho fundamental de la ciudadanía a reunirse y celebrar sin miedo.
