Dashia Rocío, una joven de 19 años, se encuentra recluida en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México, acusada de cometer el delito de extorsión en nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, su madre, Marisol, sostiene una versión diametralmente opuesta: la detención y los cargos son una fabricación destinada a silenciar a Dashia, quien previamente había acusado a su propio padre de abusar sexualmente de ella. Este caso entrelaza una grave acusación de violencia intrafamiliar con una compleja investigación penal, planteando serias interrogantes sobre la manipulación del sistema de justicia.
La secuencia de eventos, según el relato de la familia, comenzó en agosto de 2025, cuando Dashia se fue a vivir con su padre, quien tras años de ausencia había recientemente reconocido su paternidad mediante una prueba de ADN. Él le prometió cubrir sus estudios universitarios, una manutención y un automóvil. No obstante, durante su estancia en el fraccionamiento Condado de Sayavedra, en Atizapán de Zaragoza, la joven habría sufrido dos agresiones sexuales por parte de su progenitor. La madre afirma que, en al menos una ocasión, él utilizó clonazepam, un fármaco psicotrópico, para sedarla y realizarle tocamientos. Dashia confrontó a su padre a través de mensajes de WhatsApp, capturas de pantalla de los cuales obran en poder de este medio, donde le expresaba su dolor y traición. “Antes no me violaste, confiaba en ti”, le escribió.
El punto de inflexión ocurrió el 26 de noviembre de 2025. Su padre la citó en una agencia de automóviles en Lomas Verdes, Naucalpan, con la promesa de entregarle el vehículo prometido. Al llegar, fue recibida por diez agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes procedieron a su detención. Inicialmente, se le imputó la extorsión a un maestro de su universidad, cargo que luego mutó a la extorsión de un comerciante de un puesto de micheladas en la colonia San Rafael, Tlalnepantla. Según la versión oficial, la joven, junto con dos hombres, se habría presentado como integrante del CJNG para exigir un pago mensual. La víctima, por temor, realizó depósitos a una cuenta bancaria a nombre de Dashia Rocío.
La defensa de la joven y su familia rebate esta narrativa con contundencia. Señalan inconsistencias fundamentales en la carpeta de investigación, como la falta de una fecha exacta del presunto hecho delictivo y la ausencia total de evidencia física o videográfica que la vincule con los dos hombres señalados. Para la madre, la idea de que su hija, de planear una extorsión, utilizaría una cuenta bancaria a su propio nombre es ilógica. “Todo fue fabricado por ese señor, todo, para callarla”, afirma Marisol en referencia al padre. Además, denuncia que durante la detención, los agentes tomaron el teléfono celular de Dashia, accedieron a él y borraron información, presumiblemente las evidencias de los mensajes sobre el abuso.
El contexto de amenazas añade otra capa de gravedad al caso. Tras el supuesto abuso, Dashia habría comenzado a recibir amenazas de muerte a través de llamadas y la plataforma TikTok, advirtiéndole que no se había librado y que la matarían a ella y a su familia. Este clima de intimidación, sumado al shock emocional de la agresión por parte de su padre, explica, según su madre, por qué la joven no formalizó una denuncia penal por el delito sexual. Subraya que su hija temía las influencias que su padre podría tener.
La FGJEM, por su parte, informó el 4 de diciembre de 2025 que Dashia Rocío fue vinculada a proceso y se le decretó prisión preventiva oficiosa, considerando la gravedad del delito de extorsión. La institución sostiene que las pruebas presentadas, incluido el testimonio de la víctima comercial y la vinculación de los depósitos a su cuenta, fueron suficientes para que un juez avalara la medida cautelar. La defensa alega que las pruebas exculpatorias que presentaron, incluyendo los mensajes, fueron consideradas “impertinentes” en la audiencia.
Este caso trasciende el hecho noticioso y expone dinámicas preocupantes: la potencial instrumentalización de las instituciones para persecución personal, la doble victimización donde quien denuncia termina criminalizada, y las enormes barreras que enfrentan las víctimas de violencia sexual dentro del entorno familiar, más aún cuando el agresor ostenta poder o influencia. Dashia Rocío ha tenido que pausar sus estudios en ingeniería para el desarrollo de videojuegos. Ahora, desde la prisión, no solo lucha por su libertad frente a un cargo que niega, sino que carga con el trauma de una agresión que, según su testimonio, fue el detonante de toda esta situación. Su historia plantea una pregunta crucial para el sistema judicial: ¿se está juzgando a una presunta extorsionadora o se está silenciando a una víctima de abuso?
