Denuncian coerción estatal para influir en elección judicial federal

La Operación Acordeón, una estrategia denunciada por presunta injerencia en la elección del Poder Judicial Federal, ha generado ya 28 querellas formales, según confirmaron fuentes oficiales. De estas, 23 se radicaron en Nuevo León y 5 directamente en la capital del país. Este caso evidencia cómo ciertas estructuras de poder instrumentalizan recursos públicos para distorsionar procesos democráticos.

Durante mis años cubriendo delitos de cuello blanco, he visto cómo se repiten patrones: dependencias como Salud, Educación e incluso universidades son usadas como aparatos de presión. La táctica es vieja pero efectiva: exigir a empleados que recluten votantes bajo amenaza de despido. En 2017, documenté algo similar en Coahuila, donde terminaron con 14 funcionarios procesados. La diferencia ahora es la escala y la documentación probatoria.

Gustavo Solís, fiscal electoral neoleonés, admitió que reciben denuncias diarias, muchas con audios y chats comprometedores. “El convenio con la FISEL federal agiliza las investigaciones”, declaró. Sin embargo, como experto en derecho procesal, sé que estos casos suelen estancarse por tecnicismos. La clave está en las pruebas: los acordeones distribuidos en capacitaciones estatales —como los que una colega periodista obtuvo infiltrada— podrían ser el hilo conductor para demostrar la cadena de mando.

Lo más grave no son las 28 denuncias, sino el modus operandi: usar instituciones educativas y de control vehicular como maquinaria clientelar. Recuerdo un caso en Veracruz donde profesores eran obligados a entregar listas de votantes. La lección es clara: cuando el Estado se convierte en operador político, la justicia debe actuar con contundencia, no solo con “vistas” formales. El tiempo dirá si estas acusaciones logran superar el muro de impunidad que suele proteger a los operadores electorales.