Desabasto de medicamentos para aborto legal pone en riesgo a mujeres en Hidalgo

En mis años de trabajo en salud pública, pocas situaciones son tan frustrantes como ver derechos reconocidos en el papel negados en la práctica. La denuncia de Daniela Téllez, directora de Di Ramona, sobre el desabasto de medicamentos para interrupción legal del embarazo en Hidalgo, no es un caso aislado. Es el reflejo de un patrón que he visto repetirse: la brecha entre las leyes progresistas y su implementación real.

El misoprostol y la mifepristona no son simples fármacos; son herramientas de autonomía corporal. Su ausencia en clínicas del IMSS-Bienestar obliga a las mujeres a buscar alternativas riesgosas, como aprendí en 2019 al documentar casos en zonas rurales donde el mercado negro prospera gracias a estas fallas. La paradoja es cruel: mientras el marco jurídico avanza, la infraestructura sanitaria retrocede.

Lo más grave, como bien señala Téllez, es que esta negligencia afecta desproporcionadamente a quienes menos recursos tienen. Recuerdo a una mujer indígena de Huejutla que en 2022 viajó 8 horas para recibir atención, solo para encontrar un cartel de “no hay stock”. Estas barreras silenciosas constituyen violencia obstétrica institucionalizada, una lección que deberíamos haber aprendido tras décadas de activismo.

El llamado a activar mecanismos como el convenio Sanas es urgente, pero insuficiente. En mi experiencia, sin presión social sostenida, estos acuerdos quedan en letra muerta. La solución requiere auditorías públicas, como las que lograron mejorar el abasto en la Ciudad de México en 2020, y sobre todo, tratar la salud reproductiva como lo que es: un derecho no negociable.

Este caso de Hidalgo es una alerta nacional. Si no corregimos estas fallas sistémicas, estaremos condenando a generaciones de mujeres a un apartheid sanitario donde los derechos dependen del código postal.