Descubren centro de espionaje en casa de Raúl Salinas

La sombra del espionaje en México se extiende más allá de lo imaginado. Recientes documentos judiciales exponen que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) operó un centro de vigilancia clandestino desde una propiedad confiscada a Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Este hallazgo no solo revela la profundidad del aparato de control político, sino que conecta los hilos entre el pasado autoritario del PRI y las prácticas modernas de vigilancia ilegal.

La DFS, policía política del régimen priista, sembró el terror en el siglo XX con persecuciones, desapariciones y asesinatos de disidentes. Hoy, su legado resurge bajo nuevas formas: el uso del software Pegasus para espiar a periodistas, activistas y opositores durante el gobierno de Enrique Peña Nieto demuestra que los métodos cambian, pero el objetivo permanece: silenciar voces incómodas.

¿Qué papel jugaron figuras clave como Jesús Murillo Karam, exfiscal cercano a Peña Nieto, o Tomás Zerón, exdirector de inteligencia? Ambos enfrentan cargos por su presunta participación en crímenes de Estado, incluido el caso Ayotzinapa. Este nuevo escándalo no es una anomalía, sino el síntoma de un sistema que normaliza la opacidad. La pregunta disruptiva: ¿y si estas revelaciones son solo la punta del iceberg? Imaginen qué más podría esconderse tras décadas de poder sin contrapesos.

La innovación aquí no es tecnológica, sino ética: urge desmantelar las estructuras que permiten estos abusos. Mientras otros países avanzan en transparencia, México sigue anclado en prácticas que pertenecen a otro siglo. La solución radical: una auditoría internacional independiente y la creación de una ciudadanía digital empoderada que exija rendición de cuentas en tiempo real. El espionaje no es inteligencia; es el miedo de quienes temen perder el control.