En una operación de alta precisión en la comunidad de Acatlán, Hidalgo, agentes federales desarticularon un centro de distribución clandestino de gas licuado de petróleo. La intervención, autorizada judicialmente, respondía a una alerta ciudadana sobre actividades irregulares que ponían en jaque la seguridad de la zona.
El operativo, ejecutado por la Policía Federal Ministerial, resultó en el aseguramiento de un arsenal de infraestructura ilegal: dos tanques estacionarios de gran capacidad, un medidor adulterado, más de un centenar de cilindros de diversas capacidades y tres pipas de transporte. Además, se inmovilizaron cuatro camionetas utilizadas para la logística de la red y se confiscaron aproximadamente 3,584 litros de combustible.
La fiscalía también aseguró el inmueble que servía como base de operaciones de esta gasera clandestina, un negocio ilícito que no solo evadía el marco legal sino que representaba una bomba de tiempo para los residentes locales, operando al margen de todos los protocolos de seguridad y normativas ambientales.
Este caso ejemplifica la lucha contra el mercado negro de hidrocarburos, un delito de alto impacto que distorsiona la economía formal y compromete la seguridad comunitaria, destacando la crucial colaboración entre inteligencia ciudadana y acción institucional.
