Despidos en NL por negarse a manipular elección judicial

Monterrey, NL.- La administración de Samuel García está materializando sus amenazas: empleados que se resisten a colaborar en su polémico operativo electoral están siendo despedidos. La presión para influir en la elección judicial del 1 de junio ha escalado a niveles alarmantes, con despidos selectivos y tácticas de coerción digital nunca antes vistas.

¿Qué sucede cuando un gobierno convierte a sus trabajadores en soldados de una campaña clandestina? Fuentes internas revelan que, en los últimos diez días, decenas de empleados —especialmente contratados por honorarios— han sido cesados por no alcanzar las metas de reclutamiento impuestas. Pero esto va más allá de simples despidos: es un experimento peligroso de control político mediante tecnología.

En al menos dos organismos estatales, los contratos temporales están siendo cancelados estratégicamente para eliminar a quienes se negaron a recolectar credenciales de elector. ¿La excusa? “Ajustes presupuestarios”. La realidad: un sistema de vigilancia electoral basado en códigos QR personalizados que rastrean cada voto. Los empleados deben fotografiar su boleta marcada y enviarla junto con su código único, creando un sistema de rendición de cuentas inverso: en lugar de los ciudadanos fiscalizando al gobierno, es el gobierno espiando a sus propios trabajadores.

Los canales de coordinación son tan sofisticados como preocupantes: grupos de WhatsApp administrados por altos funcionarios, incluyendo al Jefe de la Oficina de la Gubernatura y diputados afines. Aunque su participación es discreta, la maquinaria opera con precisión militar. Mientras tanto, el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, estaría ofreciendo votos pactados a candidatos judiciales a cambio de favores políticos.

Lo más revelador es cómo esta operación ha infectado áreas tradicionalmente apolíticas: desde el Centro de Información para la Seguridad hasta el Canal 28. ¿Estamos ante el nacimiento de un nuevo modelo de clientelismo digital? Las denuncias ante la Fiscalía de Delitos Electorales podrían ser sólo la punta del iceberg de un sistema que convierte el voto en una transacción vigilada y punible.

La pregunta que queda flotando es: en la era de la hiperconectividad, ¿pueden los gobiernos convertir las herramientas digitales en armas de control electoral? Mientras algunos empleados arriesgan su empleo para denunciar estas prácticas, otros se preguntan si resistirse a este operativo podría ser el primer paso para proteger no sólo sus trabajos, sino la democracia misma.