La detención del periodista veracruzano Rafael León Segovia, especializado en la cobertura de hechos policiacos, ha encendido alertas entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y el gremio periodístico, al considerar que el proceso penal en su contra podría estar vinculado con su labor informativa.
León Segovia fue detenido el pasado 24 de diciembre en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, y enfrenta señalamientos por delitos considerados de alta gravedad, entre ellos terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y acciones presuntamente contrarias a las instituciones de seguridad pública, de acuerdo con información oficial de la Fiscalía del estado.
Durante la audiencia inicial, un juez de control calificó como legal la detención y determinó imponerle prisión preventiva oficiosa, por lo que el comunicador permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso judicial. La Fiscalía de Veracruz informó que la audiencia de continuación se llevará a cabo el próximo 29 de diciembre a las 8:00 horas, en la que se analizarán con mayor profundidad los elementos presentados por la parte acusadora.
El caso ha generado reacciones de organizaciones civiles. Artículo 19 manifestó su preocupación al advertir que la investigación estaría relacionada directamente con la labor periodística de León Segovia en la cobertura de nota roja, una de las fuentes más riesgosas en el país. La organización alertó que el uso del derecho penal en estos contextos puede convertirse en un mecanismo de presión o castigo indirecto contra periodistas que documentan temas sensibles, además de generar un efecto inhibidor para el ejercicio informativo en general.
Asimismo, la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos (APEC) informó que mantiene seguimiento permanente del caso, en coordinación con la familia del reportero y su equipo legal. La agrupación solicitó a las autoridades estatales que se garanticen la integridad física, el estado de salud del periodista y el respeto al debido proceso.
El caso de Rafael León Segovia se suma a una serie de episodios recientes que han puesto bajo escrutinio la relación entre el sistema de justicia y la prensa en México, en un contexto donde el ejercicio periodístico, particularmente en regiones afectadas por la violencia, continúa representando un alto riesgo.
