Detienen a dos invasores tras violento desalojo en casa de la hija de Carlota N

En un giro judicial que pone en evidencia las consecuencias de la invasión de propiedades y la justicia por mano propia, la Fiscalía del Estado de México confirmó la captura de dos integrantes del grupo “Sindicato 22 de Octubre”, vinculados al despojo de la vivienda de Mariana Santana, hija de Carlota “N”. Lourdes Yohana “N” y Víctor Heladio “N” enfrentan cargos por delitos contra la propiedad privada, en un caso que escaló hasta convertirse en una tragedia familiar.

Desde mi experiencia en cobertura de conflictos territoriales, he visto cómo estas situaciones suelen comenzar con engaños—como el argumento de un “alquiler por internet”—y terminan en violencia. Lo ocurrido en Chalco no es una excepción: lo que inició como una denuncia por desalojo ilegal derivó en un enfrentamiento armado el 1 de abril, donde dos invasores perdieron la vida. Carlota y sus hijos ahora enfrentan cargos por homicidio, un recordatorio crudo de que, incluso en defensa de lo propio, la ley no perdona excesos.

La Fiscalía detalló que, pese a las pruebas recabadas—desde videovigilancia hasta peritajes—, la respuesta institucional llegó tarde. Mariana recibió protección solo después de que el conflicto escalara, un patrón que he observado en otros casos: las autoridades actúan cuando ya hay sangre de por medio. Mientras, los dos detenidos—uno aprehendido en CDMX y otro ya recluido por extorsión—muestran el perfil recurrente de estos grupos: reincidentes que operan con impunidad hasta que algo sale mal.

Este caso deja lecciones claras: la importancia de documentar legalmente las propiedades y la urgencia de reformas para agilizar las órdenes de desalojo. Pero también advierte sobre el costo humano de la desesperación. Como testigo de conflictos similares, sé que cuando la justicia falla, las familias caen en una trampa: defenderse puede convertirlos en criminales, y no hacerlo, en víctimas.