Nacional
Detienen a exmagistrada por ocultar pruebas del caso Ayotzinapa
La justicia avanza en uno de los casos más emblemáticos de violación a derechos humanos en México.
CHILPANCINGO, Guerrero.— En un operativo sin precedentes, la Fiscalía General de la República (FGR) arrestó a Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, por su presunta participación en el encubrimiento de evidencias clave del caso Ayotzinapa. Los videos ocultados mostraban el secuestro de 20 de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 frente al Palacio de Justicia de Iguala.
El arresto, ejecutado por un equipo mayoritariamente femenino de agentes federales, se realizó en el domicilio de la exfuncionaria en Chilpancingo. Según testigos, los oficiales derribaron la puerta al no recibir respuesta inmediata, lo que generó un episodio de estrés en Galeana Marín, quien padece condiciones médicas preexistentes.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que la detención responde a cargos por desaparición forzada y obstrucción a la justicia. “Las investigaciones demuestran su vinculación con la eliminación de material audiovisual crítico para el caso”, señaló la institución en un comunicado.
Este caso reactiva la búsqueda de verdad sobre uno de los episodios más oscuros de violencia institucional en México. Las imágenes suprimidas —según expedientes judiciales— captaron la participación de policías municipales, estatales, federales y miembros del crimen organizado en el secuestro de los normalistas.
La exmagistrada, de 80 años, fue trasladada a la Ciudad de México bajo custodia federal. Su defensa alega que ya había sido exonerada en procesos anteriores relacionados con el caso. Sin embargo, nuevas evidencias forenses y testimonios reactivaron su situación legal.
El operativo ocurre en el marco de las recientes acciones judiciales contra militares y funcionarios vinculados al caso, señalando un posible giro en la estrategia gubernamental para resolver este crimen que conmocionó al país. Organismos internacionales y colectivos de derechos humanos siguen de cerca estos desarrollos, exigiendo justicia para las familias de las víctimas tras nueve años de impunidad.

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