La investigación detrás del impuesto a los videojuegos
La presentación del Paquete Económico 2026 desató una polémica que va más allá de las cifras. Una propuesta concreta, un gravamen del 8% para videojuegos con contenido violento, ha encontrado una resistencia inesperada que plantea preguntas incómodas. ¿Qué evidencia sustenta realmente esta medida fiscal? ¿Se trata de una estrategia recaudatoria disfrazada de protección social?
En el pleno legislativo, un testimonio visual resultó más elocuente que cualquier discurso. La diputada Iraís Reyes no solo expresó su oposición, sino que lo hizo blandiendo un control de Xbox y un cartel que declaraba “Game Over a la censura“. Su desafío fue directo: demostrar algún fundamento sólido que avale este tributo específico.
“No hay consola que dispare un arma, no hay consolas que secuestren, extorsionen o desaparezcan personas. No hay partida que destruya el tejido social“, declaró la legisladora, cuestionando la conexión causal entre violencia virtual y realidad que parece presuponer la iniciativa.
¿Quién es la voz que desafía el establishment?
La investigación revela que Iraís Reyes de la Torre no es una legisladora improvisada. Representando a Nuevo León en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, su perfil académico y trayectoria política sugieren un conocimiento profundo del marco constitucional. Según documentación oficial, ha centrado sus esfuerzos en iniciativas de rendición de cuentas y fortalecimiento del Estado de derecho.
Con 34 años, su formación incluye una Licenciatura en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, una Maestría en Derecho en Estado de Derecho y Desarrollo por la Universidad de Loyola Chicago, y otra en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este bagaje académico internacional plantea dudas sobre la solidez jurídica de la propuesta que cuestiona.
Su experiencia política incluye cargos como diputada local y la coordinación de asesores legislativos en Movimiento Ciudadano, lo que sugiere un entendimiento práctico de los mecanismos legislativos.
La revelación final
La viralización de su intervención y el respaldo masivo de la comunidad gamer exponen una fractura generacional en la comprensión del entretenimiento digital. La investigación concluye que este impuesto específico carece de estudios serios que vinculen videojuegos con violencia real, mientras afecta desproporcionadamente a una industria que genera miles de empleos. La verdad oculta parece ser que se trata más de una medida recaudatoria que de una política pública basada en evidencia.
